PedroC Sep 18, 2018 - 5:31:17 pm

¿Realmente se acabó con el dispendio hacia los medios?

La ríspida relación entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y los medios de comunicación no es ningún secreto. Desde su llegada a la silla estatal, alertó a los dueños de los mismos, sobre la culminación de contratos millonarios a favor del culto a la personalidad muy arraigado durante el sexenio pasado.

“Acabaremos con el dispendio del dinero público a los medios, vamos a racionalizar y transparentar el gasto publicitario… se contratarán los espacios que se requieran; jamás vamos a subordinar a ese gasto la línea editorial de algún medio, para comprar el halago, la complicidad o el encubrimiento” manifestó el gobernador en su momento.

Son pocos o casi nulos los medios aliados a la comunicación que ostenta el gobernador. Hoy, a través de la plataforma de transparencia del gobierno estatal, se pueden reconocer de manera más accesible el destino de los recursos, sin embargo, ese no ha sido inconveniente para llevar a cabo una estrategia y asignación de contratos en condiciones cuestionables.  

Sin dinero para extorsionadores y la red de corrupción de Pinedo  

Javier Corral no ha sido el único en contribuir con la ruptura de la relación entre gobierno y medios. Antonio Pinedo Cornejo, titular de la coordinación de Comunicación Social ha formado gran parte de ello.

El primer gran incidente fue aquel que se gestó en la conferencia de prensa del 1 de febrero del 2017, cuando se expulsó ante los medios para aclarar los contratos asignados a la empresa Molri International S de RL de CV por $3, 251,459 pesos, misma que fue relacionada con Carolina Riggs Baeza, hermana del entonces síndico de Chihuahua, Miguel Riggs.

Durante la exposición del caso ante los trabajadores de la comunicación, Antonio Pinedo mantuvo un altercado con el periodista César Ibarra, luego de haber expuesto que, “se acabaron las carretadas de dinero” asegurando además que no había “lana” para extorsionadores, donde inició la discusión con el comunicador.

Recientemente El Diario de Juárez publicó el presunto conflicto de intereses derivado de dos contratos otorgados por la Coordinación de Comunicación a la empresa Xtreme Sports S. de R.L. de C.V. por la cantidad de $4,976,775.84. De acuerdo con la investigación, se trata de una red de corrupción encabezada por Pinedo que involucra a su pareja sentimental Abril Susana del Pilar Ruíz Licón, quien labora para la empresa.

Además, se señala como hermana de Araly Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, directora de Administración de la dependencia estatal, quien a su vez sostiene una relación con Efraín Alonso Maldonado Delgado, registrado como el socio mayoritario de la empresa Xtreme.

Hasta el momento, y a diferencia de los casos perseguidos en contra de la pasada administración estatal, ninguno ha tenido consecuencias legales. Sin embargo, la secretaria de la Función Púbica, Stefany Olmos Loya aseguró que ya se han iniciado las investigaciones y revisiones respecto al caso, para verificar la legalidad de los contratos, así como, el presunto conflicto de interés.

Canal 28, ¿el gran aliado de Corral?

Incluso desde su movimiento encausado en compañía de Jaime García Chávez, el Canal 28 se convirtió en el gran foro para exponer las ideas del gobernador en torno a los casos de corrupción del entonces mandatario, César Duarte Jáquez.

Pese a las críticas y cuestionamientos sobre el culto a la personalidad de Corral Jurado y emblandesimiento en la señal del que fuera el medio más crítico, durante el sexenio pasado. En realidad, no se habían enfrentado a un conflicto que pusiera en duda la continuidad de su relación contractual, hasta lo sucedido durante el sábado pasado.

Durante la ceremonia de conmemoración del Grito de Independencia, dos operadores del Canal 28 cometieron la pifia de hablar de manera irrespetuosa y sin preocupación alguna de su visión del panorama electoral e incluso aludiendo de manera vulgar a la esposa del gobernador.

Esto ha puesto las miradas sobre el actuar del gobernador en torno a la situación, pues por un lado compromete la autoridad del mandatario sobre la invasión hacía su figura personal.

Por otro lado, cancelar el vigente contrato con la Unidad Corporativa de Televisión SA de CV, por un monto de 8 millones 500 mil pesos, pondría en riesgo la relación con el que prácticamente es el único aliado de la administración estatal, fuera de su propia oficina de Comunicación Social.

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