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A costa del derecho, el progreso: gasoducto Encino- Topolobampo

Nabil Grijalva Jul 9, 2015 - 5:56:36 pm

“Solicitamos al Gobierno nuestro derecho de consulta. No al gasoducto, no al aeropuerto; daña nuestro ecosistema".

Así se leyó en la manta que colocaron integrantes de la comunidad San Elías-Repechique, cerca del lugar en donde iniciaron los trabajos de construcción del gasoducto en el tramo Encino- Topolobampo. La Transportadora de Gas Natural de Noroeste S. de RL de CV, filial a la empresa TransCanada, dio rienda suelta al proyecto una vez que ganó la licitación en el 2012.

La transnacional junto con la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la misma Coordinadora Estatal de la Tarahumara, se apropiaron de la decisión indígena para comenzar el ducto que pasaría por los municipios serranos de Cusihuiriachi, Carichí, Bocoyna, Urique, Guazapares y Gran Morelos; además de Chihuahua, Santa Isabel y Cuauhtémoc, sin descartar los puntos que tocaran base en Choix, El Fuerte y Ahome en el estado de Sonora.


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La visión de progreso por parte de las grandes empresas nacionales y extranjeras que se suman a la ambición del Gobierno estatal, nublan el deterioro y conflictividad que causaría la canalización de gas natural para alimentar termoeléctrica. Además de la falta de los Protocolos de Consulta, los riesgos medioambientales se han expuesto como justificantes para detener el capricho de la oligarquía.

Los acuerdos y propuestas hechas por la filial y TransCanada no son convincentes; mucho menos la manera en la que actúan para alcanzar la aprobación de los propietarios de las tierras serranas. Pese a que la misma Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (COTEC) como parte de la defensa de las comunidades indígenas involucradas, ha hecho públicos tres éxitos en materia jurídica con fallos a favor de la comunidad rarámiri, éstos no parecen reconocerse por los gobiernos estatal y federal, ni por la iniciativa privada. Sus logros se resumen:

  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación instó al gobierno en la inclusión de los indígenas en el Consejo Consultivo del Fideicomiso de la obra.
  • Urgió a respetar el amparo que solicitaron los afectados por la falta de consulta en la construcción del aeropuerto de Creel, municipio de Bocoyna.
  • La judicatura federal dio un plazo de 24 horas para la creación de un fideicomiso Barrancas del Cobre.

La negativa es clara. Los mismos indígenas han hecho del conocimiento de las autoridades que no quieren que sus caminos se abran para dar paso al gasoducto. Por desgracia, esta negación les ha costado una serie de amenazas y una gran desestima que no hacen más que distanciar a las partes y agrandar el conflicto.

Autoridades pensaron que con tesgüino se ganaban las cosas. La realidad es que va más allá de la firma malversada que buscan obtener: es un asunto de cuidado, dignidad y estado de derecho incumplidos.

El proyecto

El tramo Encino- Topolobampo tiene una longitud de 550 kilómetros, lo que permitirá transportar cerca de 19 millones de metros cúbicos de gas natural. El gasoducto se planeó con una inversión de 12.5 billones de pesos; con la intención de que entre en operación en 2016 considerando un desarrollo hasta el 2021 de acuerdo al contrato signado por Transportadora de Gas Natural del Noroeste S. de RL. De CV.

Llevarlo a cabo significará remover de manera temporal 25 metros de tierra correspondientes a mil 615 hectáreas, mientras que de manera permanente removerán 10 metros de caminos, en donde se colocará el tubo, que corresponden a 543.4 hectáreas. La Medición de Impacto Ambiental (MIA) a partir de la cual se posibilitó el inicio del proyecto en el 2013, notificó que el gasoducto tendrá una vida útil de 50 años.


Son al menos 21 centros de reunión tradicional que congregan a 321 rancherías en los nueve municipios serranos en Chihuahua, los que han solicitado a través de Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. y la COTEC, su intervención para impedir que el gasoducto siga en curso, con mayor razón si éste limita su participación como tomadores de decisiones.

El conflicto

Inicio 2013: La empresa Transportadora de Gas natural del Noroeste S. De RL. De CV., pagó el derecho de vía a los dueños de los ejidos que contaban con la papelería que acreditaba su propiedad.

Noviembre 2013: Comienza construcción de gasoducto sin autorización o implementación del Protocolo de Consulta signado ese mismo año por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el cual protege la equidad, transparencia, diversidad y representatividad de los pueblos endémicos.

Febrero 2014: Integrantes de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique se manifestaron en contra de los trabajos de construcción tanto del Aeropuerto en Creel, como del gasoducto. “Sólo vimos gente haciendo trazos… no nos dijeron nada".

Junio 2014: Líderes de la comunidad de San Elías Repechique expusieron en el Senado de la República la falta de consideración por parte de las empresas interesadas en la construcción del gasoducto.

Agosto 2014: Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo, solicitó a la Secretaría de Energía una consulta para que se realizara la obra.

Octubre 2014: Se llega a una serie de acuerdos entre las partes, entre los que destaca la creación del protocolo de consulta y la suspensión de la construcción por tres meses al menos, en tanto no se tengan resultados de ésta.

Diciembre 2014: Las asociaciones civiles coadyuvantes detectan irregularidades. Son testigos del avance en la construcción del gasoducto en Urique y Guazapares, violando la suspensión del acuerdo; además de que la empresa continúa ofreciendo dinero a los indígenas a cambio de aceptación del proyecto.

Enero 2015: En una de las más recientes reuniones los indígenas seguían exponiendo su preocupación por las fuentes de agua, potreros y terrenos. Mostraron inquietud por la procedencia del gas y su traslado, así como de la seguridad para sus familias en caso de accidentes, lo cual no había sido respondido.

  • El 25 de enero las organizaciones derechohumanistas publicaron una aclaración en la prensa en donde señalaban la ficción que se había tornado el sistema de consulta. Los “acuerdos" que se habían tomado habían sido producto de la presión de las autoridades hacia los gobernadores indígenas.

Mayo 2015: la comunidad pone de manifiesto las amenazas que han recibido por parte de la filial de TransCanada y la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, por negarse en la construcción de mismo. Indígenas por voz de Luis Javier Pérez, insisten en que el gasoducto alterará la vida de las comunidades, los aguajes, bosques y zonas de siembra.

Julio 2015: Se denunció que la empresa TransCananda aprovechó una tesgüinada para obtener las firmas necesarias y que la construcción del gasoducto continúe. A la fecha, hay 15 kilómetros de avance.



Las diversas inconsistencias en el proceso, las faltas de tacto con una comunidad que dista mucho de las reglas mestizas, la avidez de concretar proyectos para atraer recursos al estado; condujeron a una problemática que no parece tener fin. Dos visiones opuestas, prerrogativas que van más allá del trato y la propiedad, se mantienen muy por debajo de la opinión pública.

Mediante una carta abierta sobre el derecho de amparo publicada en el 2014, las organizaciones defensoras exponen las consecuencias de lo poco que tiene el proyecto. Es triste saber que entre el vaivén político los daños vayan cavando la propia tumba de la naturaleza, del pueblo y sus maravillas.

“Las consecuencias de la falta de consulta han resultado en la destrucción de dos manantiales de agua de la comunidad, de sus caminos o veredas reales que han sido las vías más cortas para que los niños lleguen a la escuela, así como sus enfermos a la clínica más cercana. La destrucción de 40 hectáreas de bosque les ha privado de la recolección de plantas medicinales y leña, y áreas de pastoreo, además de otras afectaciones como las provocadas por la detonación de explosivos para habilitar pistas de aterrizaje y caminos".

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