Nabil Grijalva Jul 2, 2015 - 12:51:41 pm

El fusil que les dio muerte: el caso Tlatlaya vigente

La opinión pública ha culpado a la afamada lucha contra el narcotráfico que inició en el 2006, de las ejecuciones extrajudiciales. El enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los traficantes de droga parece no ceder; incluso, su fin se vuelve más complicado ahora que la confiabilidad en las instituciones está por debajo de los niveles permitidos. La muerte en Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa -ambos protagonizados por autoridades militares y locales- se convierten en la prueba más álgida de que puedes morir frente a una pared con el arma rozándote el cuerpo, con la agresión cortando el aliento, sin que la justicia se asome.

¿Quién investiga las ejecuciones extrajudiciales?

A un año de que ocurriera el asesinato de 22 personas, 21 hombres y una mujer menor de edad, en el municipio San Pedro de Limón en Tlatlaya, las investigaciones dirigidas por la Procuraduría General de la República como de la Procuraduría General del Estado de México, han sido insuficientes. Abundan muchas lagunas que el tiempo sumado a la incapacidad y secrecía de las autoridades no han cubierto: ¿qué orilló a que se diera muerte a los ahí presentes? ¿por qué hubo un cambio de posición original en los cuerpos encontrados? ¿por qué los militares tardaron seis horas en llegar al sitio? ¿por qué se dictaminó mantener información bajo reserva durante dos años?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció su versión de los hechos en donde se señaló un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado; argumento que fue respaldado por el mismo gobernador de la entidad, Eruviel Álvila. Sin embargo ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni la Cámara de diputados acreditó esta interpretación de los hechos asegurando que las víctimas no murieron por esta causa lo que puso en duda el oficialismo.

Luego de las indagaciones externas a manos de periodistas tanto del equipo de Aristegui noticias, como de Esquire y Associated Press, motivados por la curiosidad y el interés de exponer el atropello y con ello la búsqueda de justicia, la CNDH determinó que el asesinato se dio de manera extrajudicial, “cuando (las víctimas) no presentaban una amenaza para los efectivos militares", detalló el comunicado emitido por Amnistía Internacional de México.

La gravedad de este asunto va más allá de las eventualidades (como lo han querido hacer ver); las ejecuciones de este tipo han aumentado desde el 2006. La Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos exigió a las autoridades mexicanas a investigar, perseguir y sancionar de forma exhaustiva e imparcial las ejecuciones extrajudiciales que ocurran en todo el país.

El relator especial de medidas extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Christof Heyns, expuso durante su visita a México en el 2013 que el desplazamiento de fuerzas armadas y la militarización ocasionó la muerte de 102 mil 696 personas en el sexenio 2006- 2012, de las cuales al menos 70 mil fueron relacionadas con la comercialización de enervantes.

Ante esta realidad, la CNDH emitió 60 recomendaciones para evitar ejecuciones extrajudiciales que a la fecha involucran a más de 161 víctimas. La falta de protocolos y el uso excesivo de la fuerza han propiciado la muerte indiscriminada de cientos de mexicanos.

La desaparición de los 43 estudiantes remataron el enrarecimiento del sistema y sus procesos de investigación y persecución del delito; la masacre en Apatzingán en donde perecieron 16 civiles se suma a la lista de plegarias insolutas entre los deudos y las víctimas.

Hablar de Tlatlaya, de Ayotzinapa y de Apatzingán como temas pendientes es como pensar que nunca se abordarán con seriedad, pulcritud y determinación.

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha cacareado desde el inicio de su gestión que se elaboraría una estrategia de seguridad distinta; mientras tanto –quizá algunos años más- las fuerzas militares rondarían las calles y actuarían sin menoscabo del daño directo y colateral a los civiles.

El caso Tlatlaya sigue vigente en la memoria, en el dolor, en la falta de pruebas, el cruce de información no verificada, en la fallas de una autoridad insensible o en el contubernio. Sigue vigente en este escenario y esa es la peor de las noticias.

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