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¿De qué murió la Fiscalía autónoma? | Pascal Beltrán del Río

La transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República –con una autonomía plena, ya sin dependencia del Ejecutivo federal y con un titular nombrado por el Senado– está en riesgo de convertirse en disposición constitucional incumplida, pues el candidato ganador de la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya enunció que él no está de acuerdo con la Fiscalía autónoma y prefiere el modelo de la PGR.

Fue en febrero de 2014 cuando se incorporó oficialmente a la Constitución el nuevo modelo de Fiscalía General autónoma, pero aún no ha podido concretarse, pues el PAN faltó a los acuerdos legislativos que permitieron esa reforma.

Dichos consensos establecieron que a la Cámara de Diputados –entonces presidida por el panista Ricardo Anaya– le correspondía construir y aprobar la ley orgánica que diera vida a la Fiscalía, que sería encabezada por Jesús Murillo Karam, porque el titular en turno de la PGR, al momento de aprobarse la legislación, debía ser el primer fiscal general.

La Cámara cumplió en los tiempos para que Murillo fuera el titular de la Fiscalía General, pero, ya en el Senado, el PRD frenó la iniciativa.

En su opinión, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hacía inviable la llegada de Murillo Karam.

En febrero de 2015, el exgobernador de Hidalgo fue cambiado por el presidente Enrique Peña Nieto de la PGR a la Sedatu, y llegó Raúl Cervantes a hacerse cargo de la Procuraduría.

El PAN en el Senado pidió tiempo, y ya con Ricardo Anaya como presidente nacional del partido estableció diversas condiciones para avanzar en la Fiscalía Autónoma. Éstas fueron las siguientes: 1) que no hubiera pase automático de procurador a fiscal; 2) volver a reformar el artículo 102 constitucional para dar más autonomía a la Fiscalía; 3) dotar de mayor autonomía a la Fiscalía Anticorrupción; 4) hacer otra ley orgánica, no la que mandó la Cámara de Diputados, y 5) nombrar al nuevo fiscal.

En medio de una campaña mediática en contra de Raúl Cervantes, el presidente Peña Nieto mandó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el llamado pase automático, que el PRI propuso aprobar en abril de 2016, pero que fue rechazada por el PAN.

Mientras, se atizó la campaña contra el gobierno peñista por negarse a una Fiscalía autónoma. Se le acusó de buscar un “fiscal carnal”, en la persona de Cervantes. Esto ocurrió en medio de un proceso electoral, que le generó al PAN el mayor éxito de su historia en la obtención de gubernaturas. Acción Nacional ganó siete estados al PRI, pero aunque ese partido volvió a plantear la necesidad de entrar en el tema de la Fiscalía, el PAN lo rechazó, porque acusó al tricolor de insistir en colocar al frente de ella a un fiscal a modo.

Cuando el gobierno contraatacó con la exhibición de la riqueza de la familia de Ricardo Anaya, éste emprendió una campaña intensa contra Cervantes.

La posibilidad de alcanzar acuerdos se pudrió aún más cuando PRI, PRD, PT y PVEM en el Senado convirtieron a Ernesto Cordero en presidente de esa cámara y el PAN, PRD, MC paralizaron las actividades de la colegisladora por una semana, hasta que el PRI prometió quitar el pase automático, que había rechazado el PAN en abril por considerarlo insuficiente.

Raúl Cervantes renunció a la PGR en octubre del año pasado y la Cámara de Diputados aprobó el fin del pase automático.

A su vez, el Senado avaló la reforma constitucional y trazó la ruta para avanzar en la concreción de la Fiscalía General, pero otra vez el PAN dijo que no, porque opinó que se trataba de una trampa del PRI.

La reforma constitucional para quitar el pase automático está a sólo cinco votos de ser realidad –la han aprobado 12 de las 17 legislaturas estatales requeridas–, pero ya ha tardado mucho tiempo y seguro ahora enfrentará mayores escollos con la nueva integración de los congresos locales, muchos de los cuales contarán con una mayoría de Morena como resultado de los comicios del domingo 1 de julio.

En abril pasado, al concluir el último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios en el Senado acordaron abrir un periodo extraordinario en la segunda quincena de julio para avanzar en el nombramiento del fiscal, con la condición del PAN de ir por una reforma al 102 para afianzar la autonomía.

Hoy, tras cuatro años de condicionamientos del PAN, que colocaron al PRI contra la pared, el tiempo se terminó, porque ¿quién se va a atrever ahora a aprobar una Fiscalía General que el virtual presidente electo López Obrador rechaza?

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