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Descentralizar | Yuriria Sierra

10 de Julio de 2018

Una de las ideas sobre la que descansa el lamentable alcance de la desigualdad es que todo se concentra en una misma zona. O al menos, ésta es la justificación de quienes desde hace muchos años están contra la centralización del poder. Dicen, zapatero a sus zapatos; agricultores a donde hay campos de cultivo y pescadores a donde hay, de entrada, mar abierto. Es una de sus promesas de AMLO desde hace años.

Tras la elección, la idea comenzó a tomar forma: “¿Qué queremos con la descentralización y con otras acciones? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo. No es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren sólo en algunas regiones del país”, según lo expresó en noviembre pasado, cuando no empezaba la precampaña. Lo reiteró ayer, en su (otra) reunión con empresarios, ahora con la Concamin. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo se van de la Ciudad de México. La primera se iría a Mérida, Yucatán; la segunda, a Chetumal, Quintana Roo.

Mudar las dependencias de gobierno a varios puntos del territorio nacional tiene sus ventajas. Se distribuye, ahora sí, el presupuesto para cada una. Ya no se concentrará todo en la Ciudad de México, donde operan todas. ¿Cuántos empleos se van a generar con ello? ¿Cuántas personas ya no optarán por la migración a la ciudad? ¿Cuánta efectividad en la implementación de sus programas se logrará con esto? Extender por todo el país el funcionamiento del Estado, da mayor visibilidad de las necesidades, porque el contexto de que cada una ya no se observaría a distancia. Se lograrían mejores estrategias de combate a las carencias. Sin embargo, también están los muchos “peros” y obstáculos para su implementación.

El proyecto es sumamente ambicioso. De concretarse la mudanza, las secretarías quedarían así en el mapa nacional: Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche; Energía iría a Villahermosa, Tabasco; CFE se cambiaría a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Conagua en Veracruz, Veracruz; Desarrollo Social, en la capital de Oaxaca, Oaxaca; Educación, en Puebla, Puebla; Cultura se iría a Tlaxcala, Tlaxcala; Caminos y Puentes en Cuernavaca, Morelos; Infonavit, en la capital mexiquense; Salud se movería en Chilpancingo, Guerrero; el IMSS, a Morelia, Michoacán; Ganadería en Guadalajara, Jalisco; el ISSSTE se cambiaría a Colima, Colima; el Inegi en Aguascalientes, Aguascalientes (ya vienen firmados ahí sus boletines desde hace años); Función Pública en Querétaro, Querétaro; Trabajo, en León, Guanajuato. Comunicaciones y Transportes residiría en San Luis Potosí, SLP; Economía, en Monterrey, Nuevo León; Nacional Financiera, en Torreón, Coahuila; Minería se ubicaría en Chihuahua, Chihuahua; Aduanas estaría en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Fonatur, en Bahía de Banderas, Nayarit; Pesca iría al puerto de Mazatlán, Sinaloa; Agricultura, en Ciudad Obregón, Sonora; Conacyt, en La Paz, Baja California Sur; SAT, en Mexicali, Baja California.

Prácticamente, la estructura física que conocemos para la operación del Estado cambiaría en su totalidad. Ya hasta se nos anunció, también, que el futuro Presidente de México no vivirá en Los Pinos, y que éstos serían una suerte de parque público. Y que, por cierto, tendrá una suerte de Presidencia itinerante: que seguirá viajando por toda la República mexicana.

La gran, enorme, duda es: ¿cuánto va a costar la descentralización de las secretarías? La propuesta de AMLO incluye facilidades de crédito para la vivienda, jubilaciones anticipadas y hasta permuta de plazas, para facilitar la mudanza burocrática. Pero eso no responde la pregunta, ¿cuánto va a costar mudar todo eso? En un gobierno que se anuncia bajo la política de la austeridad (incluso, anunciaron que bajarían los sueldos de altos funcionarios), ¿qué tan urgente resulta mover las dependencias cuando las necesidades presupuestales, dicen los que dicen saber, están en otro lado? Se va a empezar por dos dependencias, sólo esas mudanzas representarán un gasto millonario que se suma a las otras propuestas que, nos aseguraron, entrarán en vigor con el inicio del sexenio, como el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes sin experiencia laboral y el incremento al salario mínimo. El gasto que comenzará a hacerse después de 1 de diciembre suena a que el próximo presupuesto de egresos será, si no un acto de magia, sí un milagro de creatividad actuarial.

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