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La oposición que viene | Jorge Fernández Menéndez

11 de Octubre de 2018

Los partidos de oposición al próximo gobierno serán, por lo menos en una primera etapa, testimoniales: el PRI y el PAN, tan disminuidos después de la elección, están en la búsqueda de reconstruirse y con serias posibilidades de rupturas internas.

El PRD nadie sabe qué hará, con buena parte de sus bases, las que quedan, tentadas a irse con Morena. Movimiento Ciudadano cuidará sus posiciones y tendrá que concentrarse cada vez más en el Jalisco de Enrique Alfaro.

Los demás están, simplemente, en la órbita de López Obrador, con el Verde como nuevo e incluso poderoso aliado.

La oposición futura a López Obrador girará en torno a causas, a movimientos sociales muy precisos y a las propias contradicciones del equipo gobernante y sus partidos.

Pero en el horizonte la principal preocupación opositora para López Obrador debe estar en los trabajadores que serán despedidos o que verán drásticamente disminuidos sus ingresos por las llamadas medidas de austeridad, que en el papel están muy bien, pero que en la realidad pueden paralizar la nueva administración.

Son numerosos los casos que se pueden citar. Ya hemos dicho que en el Banco de México son más de 200 los funcionarios de carrera que han presentado su renuncia o solicitado su retiro ante la posibilidad de perder sus ingresos o ver reducidas drásticamente sus pensiones.

En la secretaría de Hacienda se está dando un proceso similar e incluso, según ha trascendido, Carlos Urzúa y
Gerardo Esquivel se están encontrando con serios problemas para conformar sus equipos.

Nuevamente, el tema no es político o ideológico: se trata, simplemente, de ingresos ridículos para personal altamente calificado.

El martes se instalaron en plantón, frente a la casa de transición de la colonia Roma, los trabajadores de la Secretaría de Cultura, exigiendo se les garanticen sus sueldos y prestaciones, más aún cuando se deberán mover de la Ciudad de México a Tlaxcala.

Ya sabemos que en el Conacyt existe casi un levantamiento de la comunidad científica ante la intención de la próxima directora del consejo, María Elena Álvarez Buylla, no sólo de paralizar hasta su llegada becas, convenios, promociones, ingresos, sino de cambiar completamente el rumbo científico de una institución de excelencia con una ruta definida hace décadas.

El martes, también, al comparecer ante el Senado, el secretario de Relaciones Exteriores les pidió a los legisladores que respetaran y defendieran los derechos de los trabajadores del servicio exterior. Tiene toda la razón.

Simplemente ningún embajador en el exterior puede vivir con menos de cien mil pesos como lo estipula la nueva ley y, además, sin las prestaciones y servicios básicos de los que deben disponer.

Y si ésa es la situación de los embajadores, imaginémonos la de los trabajadores consulares que verán disminuidos también sus ingresos en forma proporcional, cuando desde hace años su lucha era por un incremento de ingresos y de personal, sobre todo, en consulados que tienen una enorme cantidad de trabajo. Sin esos trabajadores, nuestra política exterior simplemente se derrumba.

En su texto en El Universal, ayer, Alejandro Hope alerta sobre movimientos en la Policía Federal de elementos que están dispuestos a irse a paro por la falta de prestaciones, viáticos y bonos.

Es un problema real de recursos que no se entregan a la institución y que se agudizará en el futuro, porque más allá de lo que describe muy bien Hope, se olvida algo central: todos los policías federales están en un estatuto laboral de confianza.

En el gobierno de Vicente Fox se trató de limpiar la Policía Judicial Federal (cuando se creó la AFI) y sus mandos se encontraron con que a más de 200 elementos no los podían dar de baja porque tenían plaza y eran trabajadores de base. Desde entonces se decidió cambiar el modelo y los policías federales son trabajadores de confianza.

En un contexto en el cual los ingresos de los policías federales son ya muy bajos, los mismos se compensan con diversas prestaciones y bonos (lo que ni siquiera así les complementa un ingreso ni remotamente acorde a las responsabilidades y riesgos que asumen).

Esas prestaciones, viáticos y bonos que ahora están retrasados se perderán completamente con la ley de austeridad aprobada. Apuntaba Hope que nuestra inversión en seguridad apenas es del 0.9 por ciento del PIB, una cantidad que dice Alfonso Durazo que no se incrementará. Pues bien, países con situaciones complejas de seguridad, como Colombia, tienen un presupuesto para seguridad que gira en torno al 4 por ciento del PIB, cuatro veces más que nosotros. ¿Qué policía federal terminará arriesgando su vida y la de su familia por cuatro o cinco mil pesos mensuales?

Y la lista podría continuar en varias otras dependencias federales, incluyendo un Poder Judicial que está algo más que en alerta y un Poder Legislativo donde han despedido, sólo en la Cámara de Diputados, a dos mil 400 trabajadores y a varios cientos en el Senado, poniendo en serio predicamento el funcionamiento del Congreso. Si no se rectifica y adecua la norma salarial, el gobierno federal se paralizará o terminará en manos ineptas o inexpertas.

Ésa es la verdadera oposición de corto plazo que tiene que enfrentar el próximo gobierno.

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