Sep 28, 2018 - 2:50:01 pm

¿Quiénes son los jueces que maniobraron el caso Gutiérrez?

Desde su detención en diciembre del año pasado, la disputa entre el gobierno federal y estatal se ha mantenido en un “estira y afloja”, donde los amparos y resoluciones a la luz de la luna, han sido su característica principal.

En este juego por la cabeza del exsecretario general adjunto del PRI, los jueces federales Gerardo Moreno García y Marco Antonio Fuerte Tapia se han posicionado para el gobierno estatal como los dos grandes operadores del gobierno federal que busca cubrir con “el manto de impunidad” un caso fundamental en el combate contra la corrupción en el país.

Garcia Moreno y el conflicto competencial de Gutiérrez

El primer incidente se dio en febrero de este año, tan sólo dos meses después de su detención. Gerardo Moreno García emitió una resolución con la intención de obtener el control del caso de Alejandro Gutiérrez en el desvío de 250 millones de pesos a favor del PRI, que involucran también a los exfuncionarios de Hacienda estatal, Antonio Tarín García y Gerardo Villegas.  

A través de una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Moreno García estableció un periodo de cinco días para que la Fiscalía General del Estado entregará la carpeta de investigación al orden federal.

Tras las medidas tomadas por el Gobierno de Chihuahua en el que se tramitaron diversos recursos legales, mismos que fueron revertidos durante el mes de abril por un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, quien ordenó retirar la competencia local al caso.

Posteriormente, el 20 de abril  Moreno García determinó que en un plazo de no más de 24 horas Alejandro Gutiérrez, Antonio Tarín y Gerardo Villegas debían ser trasladados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, para ser juzgado por el orden federal. Sin embargo, este caso fue impugnado de manera casi inmediata por la Fiscalía de Chihuahua, mostrando su inconformidad por el caso.

Moreno García multó con un monto de 80 mil 600 pesos a Juan Martín González Aguirre, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Aquiles Serdán por el desacato a la orden de traslado de “La Coneja”. Asimismo lo notificó informando que de no responder nuevamente al mandatos sería multado ahora por 160 mil pesos.

Luego de los múltiples intentos por trasladar al exsecretario priista y a los exfuncionarios estatales, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado informó en el mes de mayo que se había promovido una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal ante la actuación “irregular, indebida y contraria a Derecho” de Moreno García.

Tan sólo dos días después se efectuó una videoaudiencia en el Poder Judicial de la Federación, con sede en Chihuahua, donde Moreno García ordenó a elementos de la Policía Federal trasladar de manera inmediata a Gutiérrez Gutiérrez. Por su parte la policía estatal y municipal de Chihuahua montaron un operativo para evitar el traslado del priista.

El 23 de mayo, a través de un comunicado el Consejo de la Judicatura Federal anunció que Gerardo Moreno García sería sujeto a un cambio en la adscripción, argumentando que por su experiencia sería puesto a cargo del Centro de Justicia Federal en Tapachula, Chiapas.

Cabe mencionar que Gerardo Moreno García fue también el juez encargado de llevar el proceso judicial del exgobernador veracruzano, Javier Duarte de Ochoa en su primera etapa.

Duarte y Gutiérrez beneficiaros en audiencia de Fuerte Tapia 

El segundo juez federal en ponerse a cargo del caso de Alejandro Gutiérrez fue el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, quien inicialmente estaba llamado a ser el encargado de este proceso.

Sin embargo, en su momento Javier Corral acusó al Poder Judicial de cambiar de “última hora”  al juez en el asunto, poniendo en este lugar al mencionado anteriormente, Gerardo Moreno García.

Para el mes de junio, Fuerte Tapia tuvo su primer determinación sobre el caso, estableciendo que el exsecretario priista se mantendría recluido en el estado de Chihuahua, debido al resto de las causas penales que cargaba en su contra por el orden local, además en referencia a la causa penal 24/2018 decidió ampliar hasta dos años la medida cautelar dirigida a La Coneja.

Decisión por la cual las autoridades de Chihuahua expresaron que se trataba de un conflicto directo entre un juez a modo (Gerardo Moreno Garcia) y el gobierno estatal.

Más tarde el 31 de agosto, en una videoaudicencia desde el Centro de Justicia del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Marco Antonio Fuerte Tapia determinó el sobreseimiento de Gutiérrez en la causa penal 24/2018 por el desvío de 250 millones de pesos a favor del PRI, y ordenó su pronta liberación.

Durante la audiencia el Ministerio Público federal (PGR) determinó que no formularía denuncia contra el imputado debido a que la Fiscalía de Chihuahua no había otorgado la carpeta de investigación sobre el caso, por lo que no contaban con elementos probatorios determinantes para acusar a Gutiérrez.

Fuerta Tapia nuevamente fue encargado de conducir la audiencia programada el pasado 21 de septiembre, donde en esta ocasión determinó que Alejandro Gutiérrez debía permanecer en prisión preventiva en el estado de acuerdo con la medida cautelar impuesta por un juez local, en tanto no fuera resuelta la apelación del gobierno estatal al sobreseimiento dictado el 31 de agosto.

Finalmente durante la madrugada de este viernes, el juez federal ordenó la liberación de Alejandro Gutiérrez de manera inmediata, luego de que el Tercer Tribunal Unitario Penal con sede en la Ciudad de México desestimó el recurso de apelación presentado por el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés pese a que en días recientes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que es el Estado de Chihuahua la víctima en el desvió multimillonario.

Esta misma semana, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia fue el encargado de dictar sentencia al ex mandatario Javier Duarte de Ochoa, estableciendo una pena de 9 años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, pese a que existen registros que acreditan un desvío por más de 75 mil millones de pesos.

Asimismo fue ordenado la reintegración de 21 terrenos y 20 propiedades, siendo las únicas que la PGR pudo comprobar, a pesar de las 90 que se le relacionan.

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