Mar 19, 2018 - 9:37:08 pm

¿Qué nos dejó la aprobación de la Ley de Juicio Político?

  • Aprueban ley en "fast track"
  • Inconformidad con la ley
  • ¿En qué consiste tal dictamen?
  • Temen magistrados ir a juicio político
  • Crystal Tovar invita a Citlalic Portillo a debate

El pasado 6 de marzo, únicamente con los 16 diputados del Partido Acción Nacional y de Encuentro Social decidieron aprobar en “fast track”, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en Congreso del Estado,  ante el abandono de las fracciones parlamentarias del PRI, Morena, PT, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza, las cuales se negaron a participar en el desahogo de la orden del día.

El nuevo ordenamiento que regula el juicio político y la declaración de procedencia de los funcionarios permitirá juzgar a servidores públicos que antes se consideraban intocables para la justicia.

No obstante está plagada de polémica, debido a la forma en que se aprobó. El dictamen fue incluido en la orden del día sin que se diera a conocer previamente al pleno, únicamente fueron los diputados panistas de las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Gobernación quienes aprobaron el documento a pesar de lo que indica al respecto la legislación interna del Congreso del Estado sobre la necesidad de conocer con antelación a las sesiones los dictámenes a votar.

De la misma forma, había sido aprobado en comisión apenas treinta minutos antes, sin turnarlo a los diputados y líderes de bancada, tal como lo exige el reglamento del Congreso.

Recordemos que el pasado 27 de febrero, la propuesta fue desestimada de la orden del día, debido a que requería modificaciones, según lo indicó, la diputada representante del Partido de la Revolución Democrática, Crystal Tovar Aragón.

Respecto a la aprobación de dictamen  la diputada de Acción Nacional, Citlalic Portillo Hidalgo comentó que era necesaria la votación de la Ley de Juicio Político para Chihuahua, luego de que las bancadas de oposición la bajaron del pleno en par de  ocasiones.

“La ley ya estaba lo suficientemente discutida, se bajó para volverla analizar, se aprobó en comisiones. No podíamos postergar más esta votación porque ya se estaba entrando en un juego interminable de la oposición para no aprobarla, ya la habían boicoteado en dos ocasiones”, señaló.

Inconformidad con la ley

Después de la votación a favor de la creación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, los diputados de oposición acusaron al PAN de pretender  aprovecharse de su mayoría para ejercer la declaración de procedencia como represalia contra servidores públicos que no sean afines al gobernador.

La coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso, Isela Torres Hernández, mencionó a medios locales que el dictamen no debió incluirse debido a que los tiempos en los que se presentaban no eran los correctos, además de que se había aprobado minutos antes sin haberse analizado.

A su vez, la diputada del Panal, María Antonieta Mendoza, indicó que no fue correcto agregar el dictamen al orden del día, debido a que ninguno de los legisladores conocía a cabalidad dicha propuesta.

Por su parte, Leticia Ortega Máynez, coordinadora de la bancada de Morena, criticó la forma en que fue incluido el dictamen y calificó como un acto arbitrario la aprobación de la nueva legislación.

Mientras que la reacción de Crystal Tovar no se hizo esperar, manifestando que el dictamen aprobado por los legisladores del PAN no ofrece la certeza para iniciar algún juicio político, ni tampoco para los acusados, pues el proceso no es claro por lo que podría interpretarse que esta ley es sólo para cuestiones políticas.

¿En qué consiste tal dictamen?

Después de la implementación de los sistemas anticorrupción a nivel nacional, el Poder Legislativo de Chihuahua creó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, publicada el 10 de marzo del presente año, con el objetivo de que los servidores públicos no sean intocables para la justicia.

La ley regula los límites y alcances de la función pública de servidores y funcionarios públicos, a través de la aplicación de un procedimiento para juzgar por la actuación de las autoridades con capacidad de toma de decisiones cuando ellas se encuentran en funciones.

El dictamen establece que para abrir tal juicio a funcionarios públicos, la petición podrá provenir de cualquier persona ciudadana que así lo formule, ya sea por escrito y en forma personal, ante el Congreso del Estado. La denuncia deberá tener pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para sustentar sus afirmaciones.

El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en que la o el servidor público sujeto de responsabilidad en esta Ley desempeñe su cargo, y dentro de un año después. Pasado este término prescribirá la acción para exigir la responsabilidad política.

Una vez que la Comisión remita a la Presidencia del Congreso el dictamen, se convocará a sesión del Pleno, para resolver sobre la denuncia, en la cual deberán estar presentes los involucrados o sus defensas. Las sanciones respectivas serán en plazo no mayor de un año, a partir de iniciar el procedimiento. Cabe mencionar que las declaraciones y resoluciones definitivas del Pleno del Congreso del Estado son inatacables.

Temen magistrados ir a juicio político

Como una “Cacería de brujas” fue la interpretación sobre la ley creada a modo para enfilar un juicio político a dos magistrados en lo particular, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, ambos acusados del presunto desvió de 7 millones de pesos en el 2015.

Los dos funcionarios fueron diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el primer trienio del gobierno de César Duarte, y aprobaron todas sus iniciativas.

El propio abogado Reydeceel Sáenz, defensor actual de Gabriel Sepúlveda, interpretó tal acción como mecanismo para quitarle el fuero a su cliente y llevarlo a la cárcel por haber fungido como servidor público durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, de la misma forma al magistrado Jorge Ramírez, quien reveló la relevancia sobre una ley contra la corrupción como la impunidad, sin embargo, indicó que le preocupa que haya impuesto su mayoría el partido gobernante de la entidad.

En contraparte, César Jiménez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, aseguró que la nueva Ley de Juicio Político no es para ejercer venganza a magistrados.

Del mismo modo la diputada panista, Citlalic Portillo indicó que la ley es necesaria para el Estado y que en ningún momento hay conflicto de intereses pues cualquier funcionario podrá verse sujeto a juicio sin importar el partido al que pertenezca o represente.

Crystal Tovar invita a Citlalic Portillo a debate

La diputada por el PRD, Crystal Tovar retó a su compañera del Pleno del Poder Legislativo, la panista Citlalic Portillo a debatir de manera pública la Ley de Juicio Político.

Esto tras un boletín de prensa emitido por Acción Nacional después de la resolución de la Ley, misma que Portillo Hidalgo enfatizó en que la mejoraron.

"Me parece alarmante que los diputados hayan abandonaran el recinto para no votarla, incluso la iniciadora, es decir la diputada Crystal Tovar, pues si esta fue su propuesta que salió de la oposición y ahora no puedo comprender por qué el rechazo la Ley’’ enfatizó.

Posteriormente, Tovar Aragón, declaró lo siguiente:

“La invito a que podamos debatir el tema en vivo con una servidora o con las distintas fuerzas parlamentarias ya que no se nos dio la oportunidad de hacerlo”, asimismo recalcó la manera “irresponsable” sobre la forma en la que se manejó el dictamen, debido a que la iniciativa se agregó en un dictamen votado 20 minutos antes de iniciar la sesión.

No obstante, El diputado albiazul, Miguel La Torre Sáenz, explicó que existió consenso del 99% en la aprobación a la Ley de Juicio Político y por lo tanto no es necesario llevar a cabo un debate tal como lo propuso la perredista.

Finalmente el objetivo de Crystal Tovar es sanear la propia ley, sin dejar huecos y mucho menos que se trate de un dictamen autoritario.


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