María Novoa / El Sol de México

Los niveles de criminalidad, violencia e impunidad que caracterizan los años recientes del país han demostrado que las estrategias gubernamentales adoptadas no sólo han sido ineficaces en atender las causas estructurales e incapaces de detener su crecimiento, sino que han contribuido a elevar la complejidad del fenómeno y sus costos. Las razones son diversas, pero en gran medida atienden a la ausencia de una política criminal con visión integral, de largo aliento y transversal a todas las instancias, ámbitos y poderes. Hasta ahora, se observan esfuerzos reactivos e inerciales, con soluciones temporales y sin una estrategia sostenible.

En este sentido, y frente a quienes sostienen que sí existe una política criminal, se observan dos tipos de deficiencias: las de ejecución y las de planeación. En la operación, asumiendo que la política criminal es definida por el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas de Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Procuración de Justicia, Derechos Humanos y la Agenda Nacional de Riesgos, entre otros, es evidente que su implementación se encuentra desarticulada. Aún cuando existen instancias[1] nacionales y colegiadas para dar seguimiento, la ejecución no se ha traducido en cambios de procesos ni ha orientado la visión de las distintas instituciones hacia objetivos comunes, como sería con una política de Estado.

Por otro lado, es claro que no se ha logrado definir un modelo de nación al que aspiremos, que trascienda la visión cortoplacista y de periodos sexenales, abandonando la inercia y cambiando el paradigma de lo que anhelamos y los medios para conseguirlo. Una visión que logre articular armoniosamente los modelos y procesos desde la prevención, la seguridad, la justicia, hasta la reinserción. Basta observar casos de política criminal exitosa, como la alemana, en la que se reemplazó la política punitiva y reactiva por una que privilegia la vida en comunidad[2], la libertad y el trato digno al individuo, constituyéndose en la actualidad como referente para otras naciones como los Estados Unidos.

Para lograrlo, en Alemania se fortaleció el federalismo y se definieron competencias claras para las instituciones penales y no penales, alineándose a la construcción de un modelo social común. Actualmente, las instancias federales alemanas persiguen cinco tipos de delitos considerados como estratégicos, destinando su inteligencia y recursos para lograrlo. Por su parte, las instancias estatales aseguran las condiciones de seguridad y justicia para un desarrollo sostenible; centrándose en la vida -presente y futura- de los individuos y de la sociedad. De ahí que se privilegien la mediación y reparación, mientras quela imposición de penas se orienta exclusivamente a la prevención -por lo que se valora la necesidad de un tratamiento en prisión o bien en centros psiquiátricos, de rehabilitación y/o control de adicciones.

Bajo estas premisas es urgente que definamos el modelo al que aspiramos. Necesitamos establecer una visión de largo plazo que reformule el concepto de reinserción social y el sistema penitenciario; un modelo de procuración de justicia en el que las policías atiendan su rol preventivo, de primer respondiente y de investigación, los jueces administren justicia pronta y de calidad, y se logre un proceso de pacificación y reconciliación.

Ahora que estamos en tiempos de definiciones y en aras de profundizar el debate, desde México Evalúa-CIDAC ofrecemos diez reflexiones y propuestas en el libro Léase si se quiere gobernar (en serio), entre las que abordamos la necesidad de repensar una política criminal integral ofreciendo una ruta crítica para lograrlo, así como la manera en que una persecución penal estratégica y un modelo de priorización serían herramientas clave para transformar la justicia en México.

[1] Por ejemplo, los Consejos de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia entre otras.

[2] La reforma de 1969 junto con la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Privativas de Libertad (1976) supone la victoria del pensamiento resocializador y de derechos, que se tradujo en un decrecimiento de la población penitenciaria -en 35% por año- desde 1983.