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Regreso a Chihuahua | Juan Molinar Horcasitas

Dibujos de Caulos

1. El misterio del fraude electoral

Las elecciones mexicanas nunca han gozado de gran reputación, ni en el país ni fuera de él. Durante largo tiempo estuvieron rodeadas de violencia, a veces organizada o inducida por los gobiernos y en ocasiones promovida por activistas políticos no gubernamentales. En los últimos lustros la violencia electoral ha amainado considerablemente, pero aún no abandona definitivamente el escenario político mexicano. Tan sólo por citar ejemplos, se puede recordar la geografía de la violencia durante los cuatro años de gobierno de Miguel de la Madrid: Juchitán, Piedras Negras, San Luis Potosí, Mexicali, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Chihuahua, Parral, Ciudad Juárez. En muchos pequeños municipios oaxaqueños, veracruzanos y de otros estados, se llegó incluso a la toma o quema de palacios, casi siempre como consecuencia de faccionalismos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otro sempiterno problema de las elecciones mexicanas, es el de la inequidad de sus métodos, tanto en la organización, vigilancia y calificación del proceso como en el escrutinio y la asignación de cargos y representaciones. A pesar de las múltiples reformas que su marco jurídico ha experimentado, la evolución del sistema electoral mexicano ha significado más centralización, complicación de procedimientos y connivencia en las prácticas ilícitas e injustas y menos descentralización, simplificación de procedimientos, coparticipación efectiva y equidad verdadera.

Las elecciones mexicanas tampoco han sido muy exitosas como instrumento de comunicación política entre gobernantes y gobernados, ya que casi siempre ha predominado en ellas el sentido descendente (de candidatos-seguros-gobernantes hacia gobernados) y no el ascendente (de electores hacia candidatos en contienda). Este problema tiene su correlato en el campo opositor, donde ocurre con demasiada frecuencia que los candidatos -seguros- perdedores no compiten por el triunfo en las elecciones sino para “poner en evidencia el sistema”.

Todo lo anterior hace que, a pesar de los avances que han experimentado en su evolución, las elecciones mexicanas sean, en general, un proceso no competitivo y de trascendencia reducida. Quizá por ello, el viejo esquema de movilización electoral no fue particularmente conflictivo durante toda una época. Sin embargo, amplios contingentes de la “población políticamente activa” (1) parecen haber llegado recientemente a la conclusión de que esos métodos de movilización electoral les incomodan y han emprendido una campaña de revalorización de sus propios votos. Esto ha traído como consecuencia inevitable una paralela revalorización de los obstáculos que a sus votos se oponen. En particular, la añeja denuncia del fraude electoral produce, entre los sectores de la población que desean erigirse en electores efectivos, un efecto mucho más movilizador que antes. Por supuesto, como los potenciales electorales suelen ser lectores, la prensa escrita nacional ha respondido de la única manera en que podía: derramando mucha tinta para cubrir asuntos electorales que hace una o dos décadas hubieran obtenido coberturas significativamente menores.

Y es claro que ni los periodistas, ni los electores combativos ni los activistas que los movilizan descubrieron recientemente que en México se manipulan las elecciones. Simplemente revaluaron las ventajas y desventajas del conformismo.

El proceso electoral de Chihuahua está lejos de ser nuevo y es sólo el eslabón en una larga cadena. Sin embargo, debe aceptarse que presenta algunos rasgos cuantitativa y cualitativamente distintos a los de sus antecedentes.

Primero, el problema chihuahuense se presentó en una coyuntura nacional doblemente desfavorable para el gobierno y el PRI: le restó legitimidad al régimen en un momento de escasez aguda del gran recurso histórico de legitimación: el buen desempeño económico, y coincidió con uno de los episodios menos cordiales en la historia reciente de las relaciones entre México y Estados Unidos.

Segundo, contra su costumbre de guardar silencio y esperar que el tiempo curara las heridas, en el caso de Chihuahua el régimen recogió el guante que sus muchos críticos lanzaron y contestó resuelto a defender la limpieza de los comicios chihuahuenses. Usando la televisión estatal y la concesionada, el foro público, la prensa diaria y la radio, el gobierno montó una enorme campaña de “información” que abordó la cuestión del fraude electoral como si fuera efectivamente un mito que debía derruirse pues lastimaba el honor de una institución respetable. Incluso se editó un libro firmado por el gobierno del estado de Chihuahua, en el cual se repite machacona y documentadamente el mensaje de que los comicios chihuahuenses fueron impolutos, y que si alguna mancha tienen debe atribuirse al Partido Acción Nacional (PAN).

Tercero, tras el caso Chihuahua, la credibilidad del sistema electoral mexicano se sumió en el abismo: a partir de esa fecha casi cualquier historia o anécdota de fraude que se mencione encontrará un auditorio dispuesto a creerla. La campaña en defensa de la limpieza del proceso electoral de Chihuahua, no tuvo los resultados que el gobierno hubiera deseado… Tanto por la magnitud de la presencia estatal que se aplicó en ese estado, como por la propensión cada vez más generalizada a no creer en nada que diga el gobierno, o a creer lo contrario a lo que dice, el proceso chihuahuense siguió cubierto por la sospecha y el descrédito. Por las razones que sean, el gobierno no ha logrado destruir el mito que quiere combatir, y lejos de probar que son falsas las imputaciones de fraude que sobre los comicios se lanzaron, ha contribuido a rodearlas de un halo que los mitos siempre tienen: el de ser parcialmente ciertos y totalmente indemostrables(2).

Cuarto, Chihuahua es el más reciente encontronazo con una disyuntiva siempre indeseable, que se ha tornado más aguda tras los comicios del último trienio: exagerando sólo un poco lo ocurrido, puede decirse que a partir de 1983 han habido dos clases de elecciones: las protestadas y las inadvertidas. Las inadvertidas han sido mayoría, pero las protestadas han probado ser las más importantes. Ejemplos notorios de ello son las de Chihuahua, Sonora y Juchitán, aunque la lista es más grande. (Elecciones como las de Campeche, Aguascalientes, Zacatecas y otras son ejemplos de elecciones, las que nadie advierte).

Quinto, la protesta electoral y postelectoral tampoco es nueva en México, pero la manera en que se ha venido canalizando recientemente sí lo es. La protesta contra el fraude en comicios ha adquirido tal relevancia que se ha convertido en el principal eje ordenador del espectro partidario mexicano, relegando a segundo nivel al eje ideológico programático. Por ello es cada vez más frecuente encontrar del mismo lado de la mesa al Partido Acción Nacional, al Socialista Unificado de México (PSUM), al Mexicano de los Trabajadores (PMT) y al Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Por ello también se han reforzado las concurrencias entre el PRI y los llamados partidos “paraestatales”(3).

Sexto, el rechazo actual a las tradiciones electorales del estado no sólo se exponenció: también se exportó, principalmente allende el Bravo. La prensa norteamericana “compró” entusiastamente el caso Chihuahua y sus secuelas, reflejando con ello que allá en el imperio no faltan razones (tanto de “alta política” como de rating comercial) para agitar la paz de las conciencias estadunidenses con motivo de su “distante vecino” del Sur. Tampoco faltaron argumentos a ciertos panistas para presentarse individualmente en foros tan inadecuados como los que monta el senador Helms, ni para que el PAN como partido recurriera a otros foros controvertidos, pero legales y por ello legítimos, como los que México ha contribuido a crear en la Organización de Estados Americanos.

Existen razones estrictamente académicas para analizar la cuestión de la manipulación de las elecciones mexicanas: el trabajo académico se basa en cifras y datos que proceden de comicios presuntamente manipulados. Tomar esos datos acríticamente sería imprudente. Este artículo intentará decir algo respecto a la cuestión de las prácticas electorales que hoy son conflictivas, usando los comicios de julio de 1986 en Chihuahua como caso ejemplar.

Ese estudio de la manipulación electoral está basado en las dos partes del proceso que dejan rastro documental: la evidencia partidaria presentada y discutida en los foros legales y el padrón elector.

2. EL DICTAMEN LEGAL

Según el propio gobierno de Chihuahua, el PAN presentó ante el Colegio Electoral del estado 920 impugnaciones generales y específicas sobre presuntas irregularidades ocurridas en 500 casillas de las 1,789 que se instalaron el primer domingo de julio de 1986 en todo el estado. Conviene advertir al lector que la evidencia presentada por el PAN, tanto en los foros legales como en los de opinión pública, destacaba por su cantidad, pero no por su calidad y solidez.

El dictamen de la comisión especial encargada de calificar la elección de gobernador arrojó un resultado contrastante: al final del proceso, el Colegio solamente aceptó anular la votación de 8 casillas, a consecuencia de las impugnaciones panistas, y ratificó la anulación de los votos emitidos en otras 26 casillas que no fueron computadas por los Comités Distritales respectivos(4). Así, las elecciones más debatidas de los últimos años fueron calificadas por el Colegio Electoral como “notoriamente limpias”. El dictamen de la comisión mencionada concluyó diciendo:

El análisis realizado a (las) impugnaciones (del PAN) mostró en forma reiterada que las mismas respondían más al esquema prestablecido de impugnación política y electoral adoptado por este partido, que a una genuina, objetiva y responsable participación y vigilancia del proceso electoral en su conjunto(5).

A esta conclusión se llegó tras descalificar, una a una, casi todas las impugnaciones panistas, usando uno o más de los siguientes argumentos: 1. La irregularidad denunciada no ocurrió realmente. 2. La irregularidad denunciada no es causa legal de anulación. 3. No se aportan pruebas de que la irregularidad que se denuncia haya realmente ocurrido, o las pruebas son insuficientes. 4. La irregularidad denunciada no ocurrió de manera generalizada sino sólo en unas cuantas casillas. 5. Aunque se acepta que la irregularidad denunciada ocurrió, no se prueba que ésta cause perjuicio al partido o modifique sustancialmente el resultado de la elección.

El Argumento 1: apenas merece comentario. Es obvio que si una autoridad obtiene información certera de que una irregularidad denunciada en realidad no ocurrió tiene que desecharla sin más trámite que el mostrar la falsedad, dolosa o de buena fe, de la denuncia. No fueron pocas las denuncias panistas rechazadas por esta razón. Los demás argumentos, en cambio, merecen comentarios específicos.

El argumento 2: la irregularidad denunciada no es causal

legal de anulación, fue usado profusamente. Es claro que la autoridad electoral que juzga el caso no puede ir más allá de lo que la ley le marca, y si una irregularidad no está establecida en la ley como causal de anulación, el Colegio Electoral debe acatar derecho. Por lo tanto, el hecho reiterado de que la Comisión Dictaminadora se haya negado a tomar como válidas algunas imputaciones de irregularidades electorales que el PAN presentó y que no están señaladas por la ley como causal de nulidad se apega a derecho.

Debe señalarse, sin embargo, precisamente que a pesar de ser muy complicada, en muchos casos la ley es incompleta y que tiene lagunas que facilitan la manipulación electoral. Tómese como ejemplo de esto último la denuncia panista de que en diversas casillas del estado no se usó tinta indeleble. A esta denuncia respondió el Colegio Electoral señalando que el uso de tinta indeleble es solamente una práctica acordada por la Comisión Estatal Electoral, pero que su omisión no es causal de nulidad según la ley vigente del estado, lo cual es cierto. Del mismo tenor son las respuestas dadas a denuncias panistas diversas: que no se contaron las boletas antes de iniciar la votación para verificar que su número fuese el correcto; que no se colocaron las mesas sobre las que se hacía la votación en lugares que garantizaran el secreto del sufragio; que no se colocaron las urnas en lugares visibles que impidieran la introducción de más de un voto por individuo; que se permitió votar a personas que no portaban credencial de elector, etc. Como todas estas prácticas están permitidas por la ley local, pese a que son percibidas por la oposición y por sectores importantes del electorado como ilegítimas y fraudulentas -en efecto, facilitan la manipulación electoral-, se expone de entrada a todo el proceso electoral al descrédito, la denuncia y la manipulación. Aproximadamente en un centenar de casillas el PAN protestó por este tipo de irregularidades que, finalmente, son legales.

El argumento 3: la no aportación de pruebas suficientes, muestra otra de las grandes fallas del proceso electoral mexicano. ¿Cómo demostrar, por ejemplo, que un funcionario de casilla se niega a recibir un escrito de protesta o a extender copia de un acta? Resultaría insensato esperar, como lo hace la comisión dictaminadora, que el quejoso exhiba prueba documental de la negativa a recibir o expedir un documento, pues es obvio que el funcionario que incurre en tal negativa no va a extenderle al recurrente una constancia de su conducta. Al parecer, el único recurso que queda es acudir ante un notario público para que dé fe de las irregularidades cometidas. Mas no es así, como lo demuestra la respuesta que la comisión dictaminadora dio a una denuncia notoriamente documentada.

En efecto, el PAN alegó que en una gran cantidad de casillas le fue negado el acceso a sus representantes (35 casillas) o no le fueron aceptados los recursos de protesta que interpuso (13 casillas), o no se le quiso extender copia del acta de escrutinio (51 casillas). En respuesta a todas estas denuncias El Colegio Electoral exigió el recurrente la presentación de pruebas documentales. Evidentemente, no fue posible satisfacer tal requisito, salvo en un caso: el de la casilla 49-D del VII distrito (federal) del municipio de Chihuahua. En ese caso el PAN se las arregló para presentar un acta notarial, pero el Colegio Electoral la rechazó como prueba porque contiene “sólo una declaración del Partido Acción Nacional en el sentido de que no se le permitió acceso a la casilla y además se consigna que esto se hace del conocimiento del fedatario a las catorce treinta horas, es decir, más de seis horas de haber transcurrido la instalación de la casilla, lo cual hace sugerir la presunción de que dicho representante no concurrió al desempeño de sus funciones”(6).

A juzgar por esta respuesta, de poco o nada hubiera servido contar con actas notariales en los otros cien casos similares al anterior, pues seguramente el Colegio Electoral hubiese exigido que el notario fuese testigo directo del ilícito ocurrido. También llama la atención la facilidad con que el Colegio desecha un acta notariada porque la hora de expedición de la misma “sugiere una presunción”, mientras rechaza esa y otras denuncias con el argumento de que son “sólo presunciones” del recurrente.

Sobre el Argumento 4: La irregularidad denunciada no ocurrió generalizadamente, poco se puede decir. El Colegio Electoral decidió, en varios casos, no sancionar una irregularidad que ocurrió “aisladamente” sólo porque, precisamente, fue excepcional. Es decir, se condona lo que ocurre en un lugar porque no ocurre en otros… Este argumento, que afrenta a la lógica, fue usado en más de una ocasión.

El argumento 5: aunque la denuncia sea cierta, no se prueba que el ilícito impugnado cause perjuicio al partido o modifique que sustancialmente el resultado de la elección, es una forma especial del segundo (la irregularidad no es causal de anulación) que la ley misma introduce. Si se revisan las cuatro causales de anulación de la votación de una casilla que la ley prevé, se encontrará que en dos de las causales la ley exige no solamente que se pruebe que la irregularidad se cometió, sino que además “tenga relevancia en los resultados de la votación” o, peor aún, “altere sustancialmente el resultado de la votación” (artículo 570, fracciones II y III). La misma clase de agravantes extraordinarios se exigen para anular toda una elección (artículo 571, fracciones I y III). Este requisito, verdaderamente inaudito, permite a quienes manipulen un proceso electoral contar con un margen de tolerancia prácticamente ilimitado, pues difícilmente ocurre que una violación específica o individual de la ley sea capaz; de alterar por sí sola todo el resultado de la elección de la casilla o el distrito. Es la acumulación de muchas violaciones de poca monta individual lo que altera el resultado.

Estos ejemplos de cómo se argumentó y contrargumentó el caso de Chihuahua pueden ser suficientes para que el lector perciba la dificultad que conlleva el proceso de “demostrar” un fraude electoral. Conviene presentar sin embargo alguna argumentación adicional de la que usó el Colegio Electoral del estado de Chihuahua.

Es notable, y por ello se reproduce aquí, la respuesta que la comisión dictaminadora del Colegio Electoral dio a la impugnación de que en casi medio centenar de casillas se vio el artículo 536 de la ley ya que, contraviniéndolo, habían sido instaladas antes de la hora oficial (8:00 horas) para evitar la presencia de representantes opositores. La comisión dictaminadora señaló que:

Se presentan supuestos en que la irregularidad denunciada no trasciende a los resultados de la votación y no causa perjuicio a ninguno de los partidos contendientes, tal como cuando el acta de instalación se encuentra levantada correctamente, firmada por los integrantes de la mesa de casilla, inclusive representantes de algunos partidos, independientemente de la hora que se señale en la misma, sin incidente de protesta, porque cumplieron todas las formalidades en la instalación no existe circunstancia que indique que el cambio de hora impidiera a funcionarios, representantes o electores asistentes, participar en la jornada electoral desde su inicio conforme a la función que a cada uno corresponde desarrollar(7).

Según este dictamen, a pesar de que las casillas se instalaron antes de la hora prevista, “se cumplieron todas las formalidades de la instalación”, lo que obliga a concluir que para el Colegio Electoral la hora en que se realiza un acto no es parte de sus formalidades, a pesar de que el artículo 536 dice claramente que sí lo es.

Además, los dictaminadores señalan que “no existe circunstancia que indique que el cambio de hora impidiera funcionarios, representantes o electores asistentes, participar en la jornada”. Esto, que es una obviedad, no obsta para que también sea cierto que se perjudicó a los representantes ausentes, pues precisamente su ausencia se debió a que llegaron a la hora legal prevista y no antes. Curiosamente poco después, la misma comisión dictaminadora descalificó impugnaciones de casillas porque estuvieran ausentes los representantes opositores argumentando que sus ausencias se debieron a “causas tales como… llegada fuera de la hora de instalación”(8). De este modo, protestar porque una casilla se instala fuera de su hora legal se considera improcedente porque “no causa perjuicio” y protestar porque hubo ausencias en la instalación también es improcedente porque se llega a una hora distinta a la prescrita por la ley. En un caso la hora es intranscendente, en el otro es determinante.

Para colmo, la comisión dictaminadora justificó la instalación prematura de casillas, lo que constituye una violación al espíritu y a la letra del artículo 536, con la peregrina base de que otro artículo, el 537, dice cómo debe actuarse cuando tiene que instalarse una casilla después de la hora legal porque no se haya presentado los funcionarios responsables(9).

Por último, la comisión dictaminadora dijo que todo este barullo no causa perjuicio y que “resulta irrelevante en los casos en que la votación fue favorable al partido impugnante…”(10). Este argumento no solamente es absurdo e improcedente, sino que también es falaz a partir de la experiencia electoral mexicana. La práctica de abrir las casillas con anticipación a la hora legal ha servido para “preparar” el proceso en ausencia de los representantes de los partidos opositores y, por alguna razón, ha sido bautizada como “operaciones lechero” o “urnas madrugadoras”. También resulta absurdo el argumento de que es irrelevante la impugnación en las casillas donde el quejoso ganó, pues el triunfo del mismo no obsta para que sea cierto que sin las irregularidades cometidas seguramente habría ganado con mayor margen. Es decir, en esos casos no ganó el quejoso porque la irregularidad fuera intranscendente, sino que ganó con ese margen a pesar de que se cometieron irregularidades.

Para que el lector pueda sopesar las posibles consecuencias de que una casilla se instale antes de la hora debida, se le presentan a continuación los siguientes datos. En las 23 casillas de la ciudad de Chihuahua que el PAN impugnó por haber sido instaladas antes de tiempo, se computó la siguiente votación: PAN, 11,829 votos contra 19,511 del PRI. Esas mismas casillas habían recibido la siguiente votación apenas un año antes: PAN, 10,443 votos contra 8,047 del PRI. Es decir, en las casillas “madrugadoras” el PRI tuvo un aumento de 11,464 votos con respecto al año anterior (140% de mejoría) mientras que el PAN solamente avanzó 1,386 votos (13% de mejoría). No es posible demostrar que la impresionante mejoría del PRI se explique por el mero hecho de que esas casillas se instalaran prematuramente (violando la ley), pero sí queda claro que la irregularidad impugnada ocurrió en casillas que tienen trascendencia en la votación global, pues convertir una desventaja de 2,000 votos (1985) en una ventaja de 8,000 (1986) no es poca cosa. No puede uno evitar traer a la memoria el dicho aquel de que “al que madruga Dios lo ayuda”.

Recapitulando, el análisis de la forma en que se revisó la evidencia presentada por el PAN en el Colegio Electoral de Chihuahua es insuficiente para probar fuera de toda duda la existencia de un fraude electoral descomunal, pero basta para mostrar que: 1, las autoridades pertinentes juzgaron con parcialidad; 2, el número de casillas anuladas debió ser mucho mayor si las autoridades hubieran juzgado el caso con apego a letra y espíritu del texto legal; 3, aún más casillas hubieran tenido que anularse si la ley misma no diera pie a que muchas prácticas políticas que la oposición juzga inconvenientes se consideren lícitas.

3. El padrón electoral

En esta parte del texto se discutirá cuál es la validez que puede tener en el caso Chihuahua la frecuente queja opositora de que el padrón electoral es uno de los instrumentos privilegiados de fraude electoral. En particular, se discutirá la validez de la siguiente expresión:

“El padrón electoral no es confiable, pues está sesgado en favor del PRI ya que las autoridades lo manipulan ilegítimamente para beneficiar al partido del régimen”.

Aparentemente, discutir tal cosa puede ser ocioso. Después de todo, la mayoría de los líderes opositores llevan décadas repitiendo lo mismo. Sin embargo, han tenido poco éxito en la tarea de probar eficazmente este aserto en los foros legales y políticos. (En los de opinión pública, sí han resultado convincentes pero tampoco han probado mayor cosa).

Esta ineficacia fue patente en el caso de Chihuahua. El ya citado libro Chihuahua. Proceso electoral 1986 señala que:

El funcionamiento del Registro Estatal de Electores y la elaboración del padrón electoral se realizó de acuerdo a la ley y con una amplia participación de los partidos políticos y ciudadanos. En la labor de actualización y depuración del padrón, los partidos políticos dispusieron de las listas ciudadanas y del tiempo suficiente para revisar de manera integral y exhaustiva su composición.

(Por ello)… se refutan tajantemente las acusaciones del PAN realizadas al Registro Estatal de Electores y al padrón electoral, al calificarlas (sic) de instrumentos de fraude electoral y engaño a la ciudadanía. El PAN solicitó y se le proporcionó el padrón electoral para que procediera a su revisión el 13 de diciembre de 1985, esto es, con 3 meses de anticipación al resto de los partidos políticos. Adujo la existencia de cerca de 400,000 ciudadanos “fantasmas” y únicamente proporcionó información en 21,395 casos, lo que equivale al 1.66% del total del padrón electoral y un 5.2% de los 400,000 presuntos “fantasmas”.

Cabe señalar que el PRI presentó 30,508 casos para revisión y eventual anulación del padrón. Por su parte, el Registro Estatal de Electores detectó 101,946 duplicidades, muchas de las cuales habían sido identificadas por el PRI y por el PAN. 

“En virtud del crecimiento de población, cambios de domicilio, pérdida de credencial, similitud de nombres (homonimia), doble empadronamiento, el Padrón Electoral registra duplicidades.

El PAN nunca proporcionó información suficiente ni en su caso pudo probar por sí o en forma conjunta con el Registro (Estatal de Electores) la presunta manipulación del padrón en contra de sus intereses, participación y resultados electorales(11).

Al respecto conviene insistir en que revisar las listas del padrón no es tarea sencilla para ningún partido, así cuente tres meses para detectar excesos, duplicidades y omisiones con el objeto de que se proceda, en cada caso, a realizar las altas o bajas correspondientes. Esta tarea constituye, prácticamente, un censo de población. Por supuesto, es aún más difícil verificar que el padrón definitivo sea correcto y que las modificaciones en él introducidas en la parte final del proceso sean las adecuadas, pues el padrón definitivo, el que estará en las mesas de casillas, se entrega con sólo tres semanas de anticipación. La dificultad de esta tarea se debe, en buena medida, a que tradicionalmente el marco jurídico del padrón electoral se ha diseñado con el objetivo de maximizar las facilidades y plazos para que los ciudadanos se empadronen, sacrificando a cambio de ella facilidades para que las autoridades y, principalmente, los partidos políticos revisen y verifiquen el padrón. El nuevo Código Federal Electoral introduce varias importantes modificaciones, que evidentemente están pensadas para mejorar la funcionalidad y, sobre todo, la credibilidad, del Registro Nacional de Electores.

Si la tarea de revisar un padrón es casi imposible de realizar para un partido político, ¿qué es lo que puede hacer un investigador desde su estudio? Fundamentalmente, acercarse al problema por caminos indirectos, guiados los patrones generales que presenta el padrón electoral.

Para averiguar si “el padrón electoral no es confiable, pues está sesgado en favor del PRI ya que las autoridades lo manipulan ilegítimamente para beneficiar al partido del régimen”, se requiere plantear el asunto en varios niveles.

Evidentemente, el primer paso es determinar fuera de toda duda si el padrón no es confiable, o sea, si contiene excesos (nombres que no corresponden a electores legítimos efectivamente radicados en la localidad respectiva) y omisiones (ciudadanos que habiendo o no solicitado su inscripción no aparecen en la lista de la sección respectiva) 

Para detectar la cuantía y ubicación exacta de esos excesos y omisiones sería indispensable, como ya se dijo, censar al electorado chihuahuense, lo cual resulta prácticamente imposible. Sin embargo, las características especificas del padrón del estado de Chihuahua facilitan la utilización de un método indirecto: medir los excesos y omisiones evidentes. Existe un exceso evidente en el padrón cuando el numero de nombres en las listas de una localidad es mayor al número estimado de ciudadanos -mexicanos mayores de 1 años- que radican en esa localidad. Inversamente exíste una omisión evidente cuando el número de nombres en el padrón de una localidad es menor al número estimado de ciudadanos que en ella habitan. Por definición, los excesos omisiones evidentes son siempre menores a los excesos omisiones totales. Pero son un buen indicador de estos últimos.

Este método indirecto no está exento de problemas. El primero de ellos radica, precisamente, en la dificultad de encontrar estadísticas sobre población adulta en el nivel municipal para los años no censales. Se resolvió tal carencia calculando esas cifras con base en los datos censales municipales de 1970 y 1980 y en las “Proyecciones de población de México y de las entidades federativas” de CONAPO-INEGI. Lamentablemente, dichas proyecciones sólo han sido publicadas a nivel de estados, no de municipios, por lo cual fue necesario ajustar la tasa de crecimiento de cada municipio con base en la tasa que CONAPO-INEGI prevé para todo el estado. Las cifras sobre “ciudadanos que habitan en una localidad” incluidas en este texto, son estimaciones personales del autor. El apéndice metodológico al final de este texto indica en detalle cuál fue el procedimiento utilizado para obtener dichos cálculos. Hecha esta aclaración podemos proceder.

Si el lector revisa el cuadro 1 encontrará por ejemplo, que en los padrones de 1980 a 1983 existió una omisión evidente a nivel estatal que fue pasando del 13.9% en 1980, a 17,3% en 1983, 6.0% en 1985 y 2.2% en 1986. Es decir, sabemos que analizando los datos a nivel estatal podemos detectar que en 1980 había cuando menos 141,683 ciudadanos no empadronados, que en 1983 había al menos 200,876 ciudadanos sin empadronar, que en 1985 éstos eran sólo 75,780 y que, finalmente, en 1986 apenas sumaban 29,237 los ciudadanos que se quedaron sin empadronar.

A primera vista, puede pensarse que las omisiones de estos años y especialmente las del padrón de 1986 son pequeñas y quizá insignificantes, pero no es así. Un análisis más detallado muestra lo contrario. Esto se debe a que las omisiones evidentes a nivel estatal son en realidad omisiones netas. Es decir, la omisión evidente a nivel estatal es la suma de los excesos del padrón en los municipios sobrempadronados, menos la suma de las omisiones del padrón en los municipios subempadronados. Efectivamente, en 1986 hubo padrones excesivos (con más nombres que el total de ciudadanos de la localidad) en un total de 53 municipios del estado, o sea, en el 79.1% de los municipios de la entidad. En esos municipios los excesos evidentes sumaban 75,093 nombres, es decir, el 19.6% del total de ciudadanos que según nuestros cálculos habitan en esos municipios sobrempadronados y el 5.7% del total de ciudadanos que según CONAPO habitaban en el estado de Chihuahua. (Anexo 1)

Cuadro 1

Padrón Electoral de Chihuahua

1980-1986

Ciudadanos Empadronados % cobertura Errores

1980

1,012,794

871,621

-13.9%

1983

1,168,496

966,384

-17.2%

1985

1,266,450

1,190,670

– 6.0%

1986

1,321,161

1,291,924

– 2.2%

Fuentes: Ciudadanos (estimación del autor a partir de Datos del X Censo General de Población y Vivencia y de las proyecciones de Población de México y de las entidades federativas INEGI, CONAPO); padrón (Datos del Registro Nacional de Electores).

Evidentemente, sobrempadronamientos superiores al 20% resultan considerables, y éstos se presentaron en 34 municipios del estado. Los casos extremos son realmente insólitos: el padrón de Manuel Benavides incluye 2,627 nombres en donde estimo que solamente habitan 1,128 ciudadanos (132.9% de exceso) y el de Coronado enlista 2,112 nombres a pesar de que en el municipio estimo que habitan 987 ciudadanos (114% de exceso). Otros 18 municipios sobrempadronados presentan excesos estimados superiores al 40%.

Este fenómeno de sobrempadronamiento evidente se incrementó precisamente después de la elección de 1983, en la cual el PAN “sorprendió” con importantes triunfos en los comicios municipales de las principales ciudades del estado. En 1980 el fenómeno de sobrempadronamiento a nivel municipal era relativamente menor, pues en ese año únicamente había 21 municipios sobrempadronados: 12,811 nombres de más, es decir, el 12.9% del total de ciudadanos que ahí habitaban (equivalente a 1.3% del total de la ciudadanía estatal).

En el año de 1983 el fenómeno de sobrempadronamiento presentó poco cambio: 31 municipios de los 67 estatales estaban sobrempadronados para entonces, con 16,887 nombres de más, equivalentes al 11.6% de los ciudadanos que se estima vivían en esas localidades y al 1.4% de los ciudadanos del estado.

Para 1985, en cambio, la situación se había modificado notoriamente: eran 42 los municipios sobrempadronados y 40,528 los nombres de más en esas localidades, o sea, 16.1% de la ciudadanía ahí radicada y 3.2% del total estatal. Entre 1985 y 1986, como ya se vio, la “explosión” del padrón en ciertas localidades fue insólita. Sobre la “racionalidad” de este proceso se tratará más adelante. Por ahora, sólo hace falta enfatizar el hecho de que la explosión de empadronados “fantasmas” ocurre después de las victorias panistas de 1983 para culminar con la crucial elección de 1986.

El otro lado de la moneda, el de los municipios subempadronados, es menos espectacular, pues en 1986 únicamente había nueve municipios con menos nombres en las listas de padrón que ciudadanos en las localidades. Los casos más extremos son los de Riva Palacio, Morelos, Batopilas y Guachochi (ver Anexo 1). Los otros diez municipios presentan tasas de empadronamientos cercanas al 100%, con rangos desde el 83% en Cuauhtémoc, hasta el 99.7% en Delicias. Nótese, sin embargo, que son las principales ciudades del estado las que se encuentran en estas situaciones, y que cuatro de los nueve municipios que perdió el PRI en 1983 se encontraban ligeramente subempadronados todavía en 1986 (Chihuahua, Delicias, Juárez y Cuauhtémoc). Tres de los restantes cinco estaban sobrempadronados, pero muy cercanos al 100% de cobertura (Camargo, Parral, Meoqui) y solamente dos presentaban sobrempadronamientos relativamente altos (Casas Grandes e Ignacio Zaragoza).

Si las estimaciones aquí propuestas no se alejan excesivamente de la realidad, se puede decir que proporcionan evidencia suficiente para poner muy seriamente en duda la confiabilidad del padrón. Además, no debe olvidarse que la evidencia indirecta basada en excesos y omisiones evidentes del padrón calculados al nivel estatal es solamente indicativa y seguramente menor de la que se obtendría analizando la situación mediante procedimientos directos, especialmente censales(12).

Ahora bien, corroborar que el padrón no es confiable es insuficiente para mostrar que esto se debe a manipulaciones ilegítimas del mismo, pues las deficiencias del padrón pueden ser meramente técnicas, debidas exclusivamente a errores no dolosos. Es particularmente pertinente recordar que la ley electoral facilita al ciudadano el cumplimiento de su derecho -obligación de empadronarse, pero por ello prové pocos mecanismos para que los partidos o el mismo Registro Nacional de Electores depuren con eficiencia el padrón. Por eso se dice aquí que muchos de los excesos y omisiones pueden ser sólo responsabilidad parcial del Registro. Para que exista presunción de dolo se requiere, cuando menos, mostrar que esos errores y omisiones tienen un sesgo político, es decir, que benefician a un partido, en este caso el PRI, y perjudican a otro, en este caso el PAN. Mostrar esto último no es imposible.

El primer elemento útil para probar esto es bastante elocuente: existen varios municipios en los cuales la votación oficial supera incluso al número de ciudadanos que habitan en ellos, lo que revela, por decir lo menos, tasas de participación notablemente altas (Ver anexo 2).

En 1986, por ejemplo, hubo 6 municipios en donde la votación total oficial fue mayor a la población en edad de votar que habitaba ahí. El caso de Maguarichi es el más extremo y notable, pues en él la votación representó el 165.5% de la población ciudadana estimada de esas localidades. Los otros cinco municipios en donde el número de votantes rebasa el número de ciudadanos estimados, tienen márgenes de participación que van desde el 134.1% (34.1% de exceso) hasta el 116.0% (16% de exceso). Si nuestros cálculos de población son aceptables, no tiene mucho sentido preguntarse por la legalidad del proceso en esos municipios: es palmariamente cierto que sólo la ocurrencia de maniobras fraudulentas puede explicar los resultados. También es obvio que el hecho de tener un padrón excesivo en ciertas localidades muestra desde aquí uno de sus usos políticos: ocultar estas maniobras, pues si se revisan los datos de esos municipios y se compara la votación contra el padrón no se detectan los excesos. (Al respecto, analícese con detenimiento el cuadro del anexo 2).

El total de votos que se contabilizaron oficialmente en los seis municipios destacados en el párrafo anterior es de 14,730. La cifra no es intranscendente en el resultado de la elección, pues lo que muestra es que los casos mencionados no pueden ser los únicos en donde se manipuló la votación. Son simplemente los más evidentes, debido a que en ellos la manipulación del voto fue tan intensa que superó incluso los límites que impone el tamaño de la población. Es más sensato suponer que esos ocho municipios son excesos groseros y no casos excepcionales.

De hecho, el mismo cuadro 2 del anexo muestra que en 1986, hubo 17 municipios en los cuales la votación oficial alcanzó proporciones superiores al 80% del total de sus respectivos ciudadanos estimados. Casi todos estos municipios son, por supuesto, los serranos, los de mayor atraso económico y social, los más incomunicados y agrestes, los que menos campañas políticas presenciaron. Ninguno de esos lugares estaba poblado por más de 20,000 personas en 1986 y solamente uno (Guadalupe y Calvo) tenía en 1986 más de 10,000 habitantes. Nueve de ellos, en cambio, tenían menos de 5,000. Bien: de esas serranías, habitadas por acaso 41,000 adultos, bajaron 40,829 votos, casi todos (81.2%) priístas. Para no perder la brújula conviene recordar que en la elección de gobernador se computaron oficialmente 647,972 votos, de los cuales 395,221 fueron para el PRI y 227,858 para el PAN. Esto significa que los votos priístas de esos municipios indudablemente manipulados significaron una quinta parte de la diferencia que separó al PRI del PAN.

El argumento anterior tiene, sin duda, la debilidad de estar basado en cálculos de población. Pero puede reforzarse analizando el asunto por la vía inversa: calculando la tasa de crecimiento de la ciudadanía municipal que sería necesaria entre 1980 y 1986 para que el total de ciudadanos iguale al total del padrón levantado por el Registro Estatal Electoral. Estas tasas se presentan en el Anexo 3, para los casos de los 18 municipios más sobrempadronados y con niveles de votación más altos.

En 8 de esos municipios se observaron tasas negativas de crecimiento de la población adulta durante las dos últimas décadas. El total de ciudadanos que registra el padrón sólo hubiera podido alcanzarse si la población adulta de esas localidades hubiese experimentado tasas de crecimiento de entre 5.3% y 10.7% anuales. Es decir, los datos del padrón sólo resultarían confiables bajo el supuesto de que en esas localidades haya ocurrido un inmenso y repentino auge demográfico que revirtió tendencias de veinte años.

Otros nueve municipios de ese grupo presentaron tasas moderadas de crecimiento de su población adulta en la década de los sesentas, pero tasas negativas en la década de los setentas. Los datos del padrón electoral sólo serían confiables si en esas localidades se hubieran presentado tasas de crecimiento de la población adulta de entre 4.1% anual y 8.7% anual para el sexenio 1980-1986. Esto es inverosímil también.

Resulta claro entonces que el abultamiento del padrón si tiene un sesgo y un uso político: sirve tanto para “generar” votos inexistentes -de los “electores fantasmas” que suele mencionar la oposición y que el gobierno niega- como para ocultar las tasas reales de “participación” electoral. Un padrón confiable (por no decir exacto, que quizá sea inalcanzable) haría demasiado evidentes y claros los esquemas de movilización del voto y manipulación de las cifras. Por ello, y no solamente por razones “técnicas”, el padrón tiene tantos nombres excesivos, sesgadamente concentrados.

El análisis previo, que puede llamarse “estático”, sirve, pues, para mostrar no nada más que el padrón no es confiable, sino también para corroborar que está sesgado en beneficio del PRI. Para estudiar la manera en que esto ocurre es necesario realizar un análisis algo más “dinámico”, esto es: estudiar los patrones de crecimiento que presenta el padrón y tratar de encontrar su racionalidad.

Lo primero que puede decirse al respecto es que el crecimiento del padrón chihuahuense durante 1985 y 1986 es insólito bajo cualquier perspectiva. En efecto, si se revisan las tasas históricas de expansión chihuahuense, se tiene que concluir que su crecimiento en el trienio posterior a las victorias panistas de 1983, no tiene parangón en el estado. El cuadro 2 señala este hecho.

Cuadro 2

Crecimiento histórico del padrón chihuahuense

Crecimiento

Crecimiento

trienial

Año

Padron

Anual

Trienio

1970

771895

1971

842419

9.1%

1972

859064

2.0%

1973

882090

2.7%

1970-1973

14.3%

1974

925406

4.9%

1971-1974

9.9%

1975

905579

-2.1%

1972-1975

5.4%

1976

928704

2.6%

1973-1976

5.3%

1977

956604

3.0%

1974-1977

3.4%

1978

975891

2.0%

1975-1978

7.8%

1979

868401

-11.0%

1976-1979

-6.5%

1980

871621

0.4%

1977-1980

-8.9%

1981

1008674

15.7%

1978-1981

3.4%

1982

963883

-4.4%

1979-1982

11.0%

1983

967620

0.4%

1980-1983

11.0%

1984

1047044

8.2%

1981-1984

3.8%

1985

1190670

13.7%

1982-1985

23.5%

1986

1291924

8.5%

1983-1986

33.5%

Sólo en una ocasión, 1981, el padrón estatal presentó tasas de crecimiento anual superiores a las de 1983-1985, pero en aquella ocasión antecedida y seguida por decrecimientos. Si la expansión del padrón se revisa trienalmente, el contraste entre el trienio 1983-1986 es aún mayor, ya que la tasa trienal de 33.5% no tiene un solo antecedente que pueda considerarse de similar magnitud.

La rapidez en la expansión reciente del padrón chihuahuense también es notoriamente alta si se le compara con los ritmos de crecimiento de los otros 31 padrones estatales. Este contraste se puede observar en el cuadro 3, que presenta una comparación de los ritmos de crecimiento de cada uno de los padrones estatales comparados con respecto a sus respectivas tasas de crecimiento demográfico.

Cuadro 3

Tasas relativas de crecimiento del padrón

1

2

3

Año

Crec. Padrón

Crec. Demogr

1 entre 2

Chihuahua

7.30%

0.92%

7.93

Tabasco

9.54%

2.07%

4.61

Tamaulipas

6.27%

1.64%

3.82

B.C.N.

5.09%

1.59%

3.20

Colima

6.15%

1.97%

3.12

Oaxaca

2.65%

0.94%

2.82

Guanajuato

4.45%

1.58%

2.81

Jalisco

4.68%

1.75%

2.67

Durango

3.62%

1.45%

2.50

Sinaloa

6.28%

2.62%

2.40

Tlaxcala

3.85%

1.75%

2.20

Nayarit

2.85%

1.43%

1.99

B.C.S.

8.52%

4.37%

1.95

Guerrero

3.56%

1.95%

1.83

Chiapas

3.47%

1.92%

1.81

Sonora

2.92%

1.68%

1.74

Coahuila

3.66%

2.15%

1.70

Zacatecas

1.13%

0.70%

1.61

Campeche

6.04%

3.91%

1.55

Michoacán

2.33%

1.57%

1.48

Nuevo León

3.44%

2.51%

1.37

Ags.

4.00%

3.02%

1.32

D.F

 2.02%

1.54%

1.31

Q. Roo

8.46%

6.72%

1.26

Morelos

3.96%

3.24%

1.22

Yucatán

2.23%

2.08%

1.07

Puebla

1.74%

1.98%

0.88

México

4.38%

5.08%

0.86

Veracruz

1.81%

2.17%

0.84

S.L.P.

1.12%

1.88%

0.59

Querétaro

0.89%

2.71%

0.33

Hidalgo

0.09%

1.58%

0.06

Nacional

3.43%

2.25%

1.53

Fuentes: 1, Datos del Reg. Nal. Elec.; 2, Proyecciones…op. cit., INEGI-CONAPO.

Como puede observarse claramente, el crecimiento del padrón chihuahuense durante el trienio en cuestión es, con mucho, el más alto del país si se le compara con el crecimiento demográfico del mismo estado. El padrón de Chihuahua creció a un ritmo casi 8 veces superior que su población en el periodo (ver columna 3). La entidad federativa con la tasa de crecimiento relativa del padrón más alta, después de Chihuahua, fue Tabasco, en donde el padrón creció 4.61 veces más aprisa que su población. En el total nacional, el padrón creció solamente 1.5 veces más aprisa que la población.

En síntesis, el caso Chihuahua fue, sin duda, excepcional, tanto en el contexto nacional como en el del propio estado. La argumentación presentada deja en claro que no son las variables demográficas las que dan cuenta del ritmo y distribución del padrón chihuahuense, sino las variables políticas. El resultado es un padrón no confiable, sesgado en favor del PRI y, evidentemente, manipulado con el objetivo de ayudar al partido del régimen.

Juan Molinar Horcasitas es investigador del instituto de investigaciones sociales de la UNAM.

(1) Tomo prestado el término de Héctor Aguilar Camín, en “El canto del futuro”, Nexos, 100, abril de 1986. Aguilar Camín no define con precisión el término, pero se refiere a una franja de población más ancha que la clase media, que se caracteriza por tener niveles de información y participación política superiores a los del resto de la población.

(2) La bibliografía académica básica sobre elecciones en México contiene pocos trabajos dedicados específicamente a la cuestión del fraude electoral, aunque casi todos los textos al menos mencionan el asunto. El trabajo inédito de Silvia Gómez Tagle, “Democracia y poder en México: el significado del fraude electoral entre 1979 y 1982”, El Colegio de México, fotocopia, es de los pocos dedicados exclusivamente al tema. Kevin Middlebrook entra al tema con empeño en su “Political Change and Political Reform in an Authoritarian Regime: The Case of México”, Wilson Center, Latin American Program Series, 103, especialmente páginas 39-54. Las aportaciones centradas en comicios locales, principalmente los de Juchitán, son más sustanciosas y abundantes. El caso Chihuahua seguramente producirá su cuota pronto. El autor ha discutido brevemente el problema de las cifras oficiales en “La costumbre electoral mexicana. Entre la reforma y la alquimia”, Nexos, 85, enero de 1985.

(3) El Foro Nacional por el Sufragio Efectivo, en el cual importó más el compartido rechazo al fraude electoral, que la irreductible distancia entre ideologías, fue tan sólo el último episodio de la “rotación” en el eje ordenador del espectro de partidos mexicanos. Antecedentes de esta tendencia no faltan: en situaciones “bajo techo”, como la de la Comisión Federal Electoral, se habían formado ya los “bloques” amplios PAN-PDM-PSUM-PMT-PRT para enfrentar al carro grande Gobernación-PRI-PPS-PST-PARM; en la plaza pública este realineamiento ocurrió por primera vez tras el zafarrancho de año nuevo de 1985-1986 en San Luis Potosí, pero la confluencia de la izquierda independiente junto al binomio PAN-Frente Cívico Potosino, con todo y su amplitud resultaría estrecha en comparación con el gigantesco “paraguas político” que se creó en Chihuahua con motivo de la defensa del voto. La confluencia de grupos cívicos (que con tanta insistencia se diferencian de los partidos) y de los partidos mismos en Chihuahua abarcó un espectro capaz de superar cualquier imaginación y de exasperar cualquier sentido común, como consta a los críticos de estas confluencias.

(4) No está de más enfatizar una “peculiaridad”- La mayoría de las casillas no computadas por los comités distritales habían sido bastiones panistas en 1983 y 1985. En la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, 15 de las 22 sillas no computadas (y anuladas) habían sido ganadas por el PAN en 1986. Tan eran bastiones panistas, que aún en 1986 lograron conservar la mayoría en muchas de ellas a pesar de las irregularidades que condujeron a su anulación.

(5) Una versión reducida del dictamen se encuentra en Chihuahua. Proceso electoral 1986, sin pie de imprenta (firmado por el gobierno del estado de chihuahua). siempre que sea posible se citara este texto en vez del original.

(6) Dictamen de la comisión especial del Colegio Electoral del H. Congreso del Estado de Chihuahua, CE-01-03, del 7 de agosto de 1986, p. 36. Se cita el original y no la versión publicada en Chihuahua. Proceso… porque esta parte no se reproducen en este último texto.

(7) Chihuahua.; op. cit., p. 193.

(8) Ibidem, p. 195

(9) Ibidem, pp. 193-194

(10) Ibidem, pp. 213-239

(11) Ibidem, pp. 59-61

(12) En el texto se habla de un exceso neto evidente de 75,093 nombres en 53 municipios. El autor no tiene un calculo responsable del número real de excesos (el PAN dice que son 400,000), pero no sería difícil que una cifra intermedia sea la correcta. Esta especulación no tiene sustento empírico, pero no resulta descabellada si se toma en cuenta que el mismo Registro Estatal Electoral reconoció que aun después de depurar más de 100,000 nombre del padrón deben quedar errores y duplicidades. Ver Chihuahua, op. cit., p. 79.

APENDICE METODOLOGICO:

El método usado para estimar la población en edad de votar (18 y más años) de cada municipio es rudimentario y provisional, pero a falta de estimaciones disponibles a ese nivel de desagregación, tuvimos que conformarnos con el siguiente:

1. Población adulta (ciudadanía) de cada municipio en los años de 1970 (“C70i”) y 1980 (“C80i”).

2. Población adulta del estado en los años de 1970 (“C70T”) y 1980 (“C80T”).

A partir de esos datos es posible calcular las siguientes tasas intercensales:

1. Tasas municipales intercensales de crecimiento de la población adulta entre 1970 y 1980 (“t70-80i”).

2. Tasa estatal intercensal de crecimiento de la población adulta de estado entre 1970 y 1980 (“t70-80T”).

Se conocen también las siguientes estimaciones del Consejo Nacional de Población:

1. Población adulta del estado en los años de 1983 (“c83T*”), de 1985 (“c85T*”) y 1986 (“c86T*”).

Con base en esos datos y estimaciones se buscará establecer, para cada uno de los años de 1983, 1985 y 1986, una constante (“K83”, “K85”, “K86”) que sirva para ajustar cada una de las tasas de crecimiento intercensal de la población adulta de los 67 municipios del estado (K83i x t80i = t83i*, k85i x t80i = t85i y k86 x t80i = t86i*), cumpliendo con la condición de que la suma de las estimaciones municipales resultantes igualen la estimación estatal que CONAPO aporta. Esto es, la población adulta o ciudadanía estimada de cada municipio (“c83i*”, c85i*” y “c86i'”‘) será igual, en cada año, a la siguiente:

c83i* = C80i (I – t83i*) 3

c85i* = C80i (I – t851*) 5

c86i* = C80i (1 – t86i*) 6

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