May 2, 2018 - 10:00:00 am

TLCAN, la improbable herramienta contra la corrupción

En el capítulo anticorrupción acordado en la renegociación del TLCAN se propone combatir prácticas añejas de hacer negocios en México, como entregar regalos a funcionarios públicos a cambio de un trato privilegiado, negarse a revelar contratos obtenidos de gobiernos y sacar ventaja en licitaciones.

De aprobarse la nueva versión del TLCAN, dicho artículo fortalecerá leyes en México, Estados Unidos y Canadá, e impondrá sanciones más altas a funcionarios y empresas públicas y privadas que incurran en soborno, colusión o tráfico de influencias en procesos de licitación y contratación con el sector público y en autorizaciones y permisos gestionados por empresas ante oficinas de gobierno.

México tiene el más alto nivel de corrupción en la región del Tratado, así que, de entrar en vigor el nuevo capítulo, el país estará sujeto a un escrutinio más estricto que sus socios, para evitar la impunidad en estos delitos. Los focos están puestos sobre México, explica Eric Miller, consultor en Comercio y fundador de Rideau Potomac Strategy Group, una firma estadounidense de consultoría y cabildeo. “La inclusión de este capítulo ayudará al país a proveer mecanismos que le permitan lidiar con estas cuestiones”, añade Miller.

Canadá y Estados Unidos tienen más camino avanzado que México en cuanto a medidas anticorrupción, así que no cambiarán demasiado su quehacer ante el nuevo capítulo, así que el enfoque se centra en nuestro país, que tiene mucho por hacer en esta materia, concuerda Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México ocupa la posición 123, de un total de 176. La corrupción hace perder al país 10% de los 23,000 millones de dólares (mdd) que recibe al año en inversión extranjera directa (IED), y afecta 10% de las ganancias de las empresas, mientras que la colusión en las licitaciones gubernamentales eleva los costos hasta en 20%, añade el dirigente de Canacintra. Se trata de actos impulsados, sobre todo, por el sector gubernamental, cuya capacidad para aplicar las leyes está severamente deteriorada, ya que los actos de corrupción pasan mucho ahí, dice Chaparro.

Agrega, no obstante, que el capítulo anticorrupción es una oportunidad para que gobierno, autoridades regulatorias y sistema judicial mejoren las reglas y las leyes contra estos delitos.

La anticorrupción fue el tercer capítulo en quedar cerrado en la renegociación del TLCAN, sólo detrás de los relativos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y a la competencia. Los negociadores de los tres países anunciaron que habían concluido dicho capítulo a finales de enero, en el marco de la Sexta Ronda de Negociación, celebrada en Montreal.

La incorporación de medidas anticorrupción y anti-colusión, y pro transparencia en licitaciones públicas y regulación de los negocios en acuerdos comerciales internacionales es reciente, señala Miller, y tienen la finalidad de garantizar las inversiones y protegerlas, y evitar sobornos al participar en proyectos públicos y privados en cualquiera de los tres países.

“Los gobiernos se obligan a certificar los delitos de sobornos y enriquecimientos ilícitos, y exigen a las partes, tanto empresarial como gubernamental, a establecer medidas de sanción y prevención”, señala Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Para prevenir la corrupción, se tendrán que homologar leyes de los tres países, agrega quien también encabeza el Cuarto de Junto del sector privado en las negociaciones.


Extraída de Forbes

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