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Una ruta de riesgos y oportunidades | IMCO

Por: Juan E. Pardinas (@JEPardinas)

 En la política pública y la economía no existen los milagros, ni siquiera las alternativas perfectas. Las soluciones de una generación, con frecuencia, se convierten en los problemas de la siguiente. En la primera mitad de este sexenio se llevó a cabo una importante secuencia de reformas en distintos ámbitos de la vida política y económica del país.

Sin importar quién será la persona o el partido que gane las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, es fundamental para México que se asuma la necesidad de proteger y profundizar el camino que se ha avanzado.

En materia educativa, apenas hace unos años las preguntas más importantes eran ¿cuántos maestros hay en el sistema nacional de educación pública?, ¿dónde están esos profesores?, ¿a qué escuelas atienden y en qué turnos? Hoy las preguntas hacia el futuro son ¿cómo evaluamos a esos maestros? y ¿cómo logramos que la evaluación se asuma como una herramienta del mérito y la profesionalización y no como un mecanismo de sanción? Estas nuevas preguntas implicaron una compleja transformación política donde el Estado dio pasos importantes para recuperar la rectoría de la política educativa. Sería ominoso para los millones de estudiantes de educación básica y para los cientos de miles de maestros que han asumido con convicción estas nuevas reglas, que el gobierno entrante meta freno o reversa ante la reforma educativa.

La reforma energética puso a México al día con las condiciones del sector en el resto del mundo. En 2013, países con regímenes comunistas y economías cerradas como Cuba o Corea del Norte tenían mejores condiciones regulatorias para atraer inversión privada a sus respectivos sectores energéticos. Hasta hace unos años, México tenía que importar gas de países como Nigeria o Perú a costos mucho más altos que los que le ofrecía el mercado norteamericano de energía. Pemex era la única empresa que podía invertir, explorar y explotar los hidrocarburos que son propiedad del Estado mexicano. Hoy son 100 empresas las que participan en nuestros mercados de electricidad e hidrocarburos. [1] La recuperación de la producción nacional de gas y petróleo dependerá en buena medida del clima de inversión y de las señales de certidumbre que envíe el nuevo gobierno.

En el ámbito de telecomunicaciones, a pesar de retrocesos recientes en el costo de las tarifas de interconexión, los mexicanos estamos mejor conectados con precios más bajos. El mercado de telecomunicaciones debe asegurar las condiciones de competencia para que el acceso a las nuevas tecnologías dependa de las dinámicas de la innovación, y no de la conveniencia de los jugadores dominantes del sector. La Comisión Federal de Competencia Económica ha dado pasos muy importantes para el fortalecimiento de su capacidad de investigación y sanción. Esto se ha  convertido en una amenaza creíble en contra de quienes buscan extraer rentas, con modelos de negocio que se basan en aumentar las barreras de entrada a sus mercados, en perjuicio de los consumidores.

Los párrafos anteriores solo enumeran algunas de las reformas clave que se deben preservar y proteger durante el próximo gobierno y aún más adelante. En esta edición, el Índice de Competitividad Internacional 2017 busca delinear elementos necesarios para que este objetivo se cumpla, así como hacer énfasis en áreas de política pública que tienen un rezago de varios sexenios. Por eso, las páginas siguientes no buscan convertirse en el borrador de una agenda de gobierno, pero sí en un mapa de riesgos y oportunidades que se presentarán durante los próximos seis años.

El principal obstáculo para elevar la competitividad de México es la falta de Estado de derecho en dos de sus versiones más perniciosas: la corrupción y la impunidad. Una de las prioridades del próximo gobierno debe ser forjar la profesionalización de los ministerios públicos a nivel federal y estatal. Un sistema funcional de procuración de justicia, que esté blindado de presiones políticas, sentará las condiciones básicas para el funcionamiento del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción. Además, se deberá reformar el Artículo 102 de la Constitución y posteriormente designar a los fiscales faltantes para tener un sistema completo que realmente sirva para combatir la impunidad en esta materia.

Resolver la crisis de las pensiones implica enfrentar un problema político de corto plazo para aminorar un gravísimo problema económico de mediano y largo plazo. Esta es una crisis que se ha anunciado en los últimos 20 años. La falta de cobertura de trabajadores informales, la insuficiencia de las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el pasivo actuarial de más de 120% del PIB de sistemas para servidores públicos, solo podrán resolverse con una reforma estructural a la seguridad social.

Las campañas electorales, en México y el mundo, no se caracterizan por la profundidad de sus argumentos o el detalle de sus diagnósticos. El empeño fundamental de este proyecto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) es sembrar preguntas y propuestas que, por estrategia de gobierno o por inevitabilidad del destino, tendrá que encarar la persona que ocupe la silla presidencial a partir del 1 de diciembre de 2018.

* Juan E. Pardinas es Director General del @IMCO.

Este artículo es una reproducción de la introducción del Índice de Competitividad Internacional 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)

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[1] Karol Garcia, “En puerta, inversiones por 219,000 mdd para proyectos energéticos en el país”, El Economista, (2017), http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/07/23/puerta-inversiones-219000-mdd-proyectos-energeticos-pais. (Consultado el 16 de agosto de 2017)

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