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Vivir del Estado | Pascal Beltrán del Río

27 de Noviembre de 2017

Un contagio avanza entre la clase política mexicana: ganar la lealtad de los sectores votantes mediante hacer creer que se puede vivir sin trabajo ni esfuerzo.

Hace cosa de tres lustros que comenzó a extenderse la práctica de crear “programas sociales” —con dinero público, por supuesto— para comprar la voluntad de las personas a través de un subsidio.

Por supuesto, esta práctica se disfrazó de “justicia social”. No se trata de admitir, con total descaro, que lo que se quiere es la lealtad política y nada más.

El más conspicuo de esos programas es el de ayuda a los adultos mayores en la Ciudad de México —implementado durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador— y luego copiado por el gobierno federal y los gobiernos estatales.

Pero la práctica ha ido, paulatinamente, más allá, incluyendo a diversos sectores de la población.

Hace unos años, el gobierno capitalino presumía que seis de cada diez habitantes de la ciudad estaba cubierto por un “programa social”, como si hubiese en ello mérito o logro.

No hay mérito porque cuando financian dichos programas los políticos lo hacen con recursos públicos, es decir, dinero que no es de ellos.

Tampoco hay logro porque no es para presumir que seis de cada diez habitantes de la capital sean tan pobres como para requerir ayuda.

¿Por qué entonces se presumen ese tipo de programas? Es bastante obvio. El mensaje es “vota por mí, que yo te ayudaré; deja de votar por mí y el que sigue quién sabe”.

Pero, como digo al principio, ningún partido quiere quedarse fuera de ese esquema, por temor a perder la clientela electoral.

Y, entonces, todos le entran. Lo hizo el candidato priista Alfredo del Mazo con su llamado “salario rosa”, un subsidio para amas de casa.

Y ahora ha caído en el contagio el PAN, que solía presentarse como el partido de la responsabilidad fiscal.

En el marco del programa de lo que hipotéticamente será una amplia alianza con el PRD y MC para las elecciones de 2018 —el Frente Ciudadano por México (FCM)—, la dirigencia panista, en voz de su jefe nacional, Ricardo Anaya, impulsa la propuesta de una Renta Básica Universal (RBU), es decir, un ingreso mínimo que el Estado garantice a cada persona por el solo hecho de vivir en este país.

Como todas las ideas populistas de este corte, la RBU del FCM no va acompañada de objetivos claros ni explicaciones precisas respecto de cómo será financiado.

Se apoya únicamente en un discurso de “justicia social”. Dice Anaya que como la mitad de los mexicanos gana dos salarios mínimos o menos, el Estado debe garantizarles el ingreso.

Nadie está peleado con el diagnóstico. Para ser claros: la mayoría de los mexicanos no percibe lo suficiente para tener una vida plena.

El problema con propuestas como la RBU es que se ahorran las explicaciones de esa realidad económica y buscan dar una solución que provoque el aplauso fácil y, sobre todo, el voto seguro.

Como están las cosas, yo dudo que el PRI quiera quedarse atrás. Una vez que destape a su candidato presidencial, el tricolor seguramente se sumará a la feria de las propuestas populistas.

El discurso con que suelen defenderse estas propuestas es maniqueo: quien se pronuncia en contra de ellas —así sea porque exhibe con datos lo fiscal y socialmente irresponsables que acaban siendo— es tachado de insensible.

Los impulsores de ideas como la RBU evitan decir que no hay un solo caso donde este tipo de propuestas no termine creando más problemas de los que supuestamente busca solucionar.

En Argentina y Venezuela esta clase de subsidios acabaron retirándose cuando las finanzas públicas se secaron.

Pero no nos vayamos más lejos: en México mismo hemos gastado miles de millones de pesos en programas de lucha contra la pobreza, en el último cuarto de siglo, que han sido un completo desastre.

¿Por qué sería deseable seguir por ese mismo camino?

Por desgracia, una verdadera solución a la injusticia social no es electoralmente atractiva.

No consiste en repartir artificialmente la riqueza —una idea fracasada hacía décadas— sino en garantizar el acceso equitativo al mercado.

Eso se logra con educación, respeto a la ley, competencia, facilidades para emprender, innovación y productividad.

Como le digo, conceptos que no son fáciles de vender entre un electorado que identifica en los políticos el origen de todos sus males.

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